Una ‘lluvia’ de irregularidades cae en la Corte Constitucional
La Corte Constitucional llega a su evaluación final con un panorama poco alentador. El Consejo de Participación transitorio revisará a los nueve jueces mañana pero, según conoció EXPRESO, hay más contras que pros sobre cada funcionario. El informe de evaluación, que tiene 259 páginas, destaca las irregularidades en las sentencias, rectificaciones, vinculaciones políticas y hasta anomalías financieras de los magistrados.
Del análisis, por ejemplo, se desprende que más del 90 % de los jueces fueron nombrados de manera ilegítima porque durante su designación se les otorgaron más puntos de los que realmente merecían. Incluso se calificaron doctorados que no existen.
Este Diario accedió al informe de gestión de la Corte Constitucional y a las evaluaciones de cada juez. En las observaciones se destacan los siguientes puntos.
Finanzas e indagación.
1. Tres de los jueces de la Corte Constitucional (Manuel Viteri Olvera, Tatiana Ordeñana y Roxana Silva Chicaiza) son investigados por la Fiscalía General del Estado por operaciones inusuales. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó los movimientos y los reportó a las autoridades.
Según el informe del Consejo transitorio, la investigación fiscal debe ser valorada a la hora de decidir si los magistrados permanecen o no en el cargo. Administrar justicia con cuestionamientos a los ingresos económicos podría ser contraproducente.
Afinidad al correísmo.
2. Las sentencias de la Corte, que analizó la comisión del Consejo transitorio, dan cuenta de una presunta afinidad de los magistrados con el expresidente Rafael Correa. Además, continúa el texto, las demoras en decisiones legales beneficiaron al exmandatario y a sus cercanos. Un comportamiento que “atentó” contra derechos humanos.
El caso más reciente, por las implicaciones en el actual gobierno, fue el respaldo a las enmiendas constitucionales que propuso Alianza PAIS (movimiento del cual varios jueces son adherentes). En 2015 se dio luz verde y este mes la misma Corte dio de baja los cambios a la Constitución que planteaban, entre otros aspectos, que la comunicación era un servicio y no un derecho.
Técnica inadecuada.
3. La Corte es cuestionada, además, por errores en el método para dictaminar sentencias. Según el informe de evaluación, no hay concordancia ni lógica en las decisiones del máximo ente legal del Ecuador.
El tratamiento a las demandas del pueblo indígena es un ejemplo. El documento muestra que en fallos de 2010 se decidió sobre la base del derecho internacional pero, un año más tarde, la sentencia llegó por legislación en contra de las normas supranacionales.
Lentitud.
4. La queja más recurrente que recibió el Consejo de Participación es que la Corte opera con lentitud selectiva. “La Corte no mantiene una opinión estable acerca de lo que es constitucional y lo que afecta al sistema”, dice el documento refiriéndose, por ejemplo, a causas que llevan más de siete años sin una respuesta. Jueces como Mirien Segura tienen procesos que afectan a comunidades y sectores sociales, pero no dan trámite.
Incumplimiento.
5. La vinculación con el Gobierno anterior y la lentitud en casos específicos no son las únicas observaciones. El Consejo considera que la Corte afectó a la ciudadanía por incumplir su función de velar por los derechos de la mayoría. No actuar ante el Decreto 813 (que permite la compra de renuncias) es un ejemplo que afectó a 1.121 servidores públicos.
Fuente: expreso.ec
