Se cierra una nueva campaña electoral y la preocupación sobre el rumbo de la economía ecuatoriana ha tomado fuerza.

Economistas y analistas alertan sobre el impacto que podrían tener algunas propuestas clientelares de los candidatos

especialmente las que apuntan al gasto social sin respaldo fiscal.

 

El uso de reservas internacionales, la oferta de bonos, la reducción de impuestos y el desincentivo a sectores estratégicos

como el petróleo y la minería son medidas que, advierten, podrían desequilibrar la economía nacional en menos de dos

años.

 

En el programa POLÍTICAMENTE CORRECTO:

Simón Cueva, exministro de Finanzas, José Abel DeFina, académico del IDE Business School, y Margarita Hernández

exsuperintendenta, coincidieron en que las promesas de campaña, tanto de Daniel Noboa como de Luisa González

carecen de sostenibilidad fiscal.

 

Uno de los temas más debatidos es la propuesta de Luisa González de reducir el IVA del 15% al 12%.

Aunque esta medida, en un inicio, podría generar la idea de un alivio temporal en el bolsillo de los ecuatorianos

Cueva advierte que la medida reduciría significativamente los ingresos estatales y podría agravar el déficit fiscal.

“La situación fiscal ya es apretada.

Bajar impuestos sin compensación significaría más deuda y más déficit”, explicó.

 

Por su parte, DeFina sostiene que la visión económica de González se centra en aumentar el gasto social sin precisar

cómo se financiará a largo plazo.

Respecto al IVA, señala que esta reducción no garantiza una mejora real en la economía de las familias, sino todo

lo contrario.

“La baja de los impuestos podrían convertirse solo en más consumo, pero no en inversión ni en sostenibilidad fiscal”.

añadió.

 

En el caso del actual presidente y candidato Daniel Noboa, los analistas cuestionan el elevado número de bonos sociales

que ha otorgado su gobierno. Solo en el último mes, se han entregado cerca de 500 millones de dólares en bonos

cifra que podría aumentar por los próximos cuatro meses.

 

“Es verdad que más de un millón de personas subsisten de los bonos humanos, pero no hay un plan claro para generar

empleo o atraer inversión”, señaló DeFina.

 

Las reservas internacionales y la economía popular, en la mira:

Tanto Cueva como DeFina coinciden en que el año 2025 será especialmente crítico, pues Ecuador deberá pagar cerca de

USD 9 000 millones por interés de deuda pública.

Además, en 2026 vencen bonos soberanos adicionales que también deben cubrirse.

A esto se suma que el Estado ya no contará con ingresos extraordinarios como las contribuciones únicas del sector

bancario y empresarial.

 

Otra preocupación es el uso de las reservas internacionales. DeFina advierte que, si un nuevo gobierno recurre a este

método como lo ha sugerido Luisa González, solo alcanzaría para cubrir los gastos de un año.

 

“Hay cerca de USD 8 000 millones en reservas, pero el correísmo necesitaría USD 5 000 millones para cubrir sus

gastos planificados.

Después de eso, no habría cómo sostener el segundo año”, explicó.

 

Las medidas clientelares de los candidatos ponen en aprietos la economía real de los ecuatorianos.

 

Margarita Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, señaló que las promesas de condonación

de deudas para emprendedores y agricultores generan efectos colaterales.

 

“Eso es quitarle dinero a las entidades que prestaron esos recursos.

Eso afecta directamente a la economía popular que representa más del 16% del PIB y tiene más de seis millones de

usuarios activos”, indicó.

 

Los analistas concluyeron que, en medio de una economía frágil, la única salida responsable es atraer inversión extranjera

generar confianza en los organismos multilaterales, aumentar los ingresos y reducir el gasto público.

De lo contrario, la estabilidad fiscal y la dolarización podrían estar en riesgo en manos del siguiente gobierno de turno. (I)

 

Fuente: evafm.net – ecuavisa.com