Un secuestro que pone en jaque al Estado

Un delito que amenaza a las más altas esferas del Gobierno anterior. Con seis años de ‘retraso’, la Fiscalía reconoció que el secuestro del activista político Fernando Balda fue un crimen de Estado. Lo dijo el fiscal Paúl Pérez.

La víctima asegura que su traslado desde Colombia, en 2012, fue ilegal.

Él está seguro que en el operativo participaron agentes de inteligencia y hubo una intervención directa del Ministerio de Interior y de la misma Presidencia de la República.

La justicia le dio parte de razón.

Ayer, la jueza Daniella Camacho vinculó a Fausto Tamayo, excomandante de la Policía, y a Pablo Romero Quezada, exsecretario de Inteligencia, como presuntos autores de los delitos de asociación ilícita y secuestro. Se ordenó su prisión preventiva.

Y eso es lo que refuerza la tesis del fiscal. “El delito fue cometido desde el Estado porque ellos en su condición de funcionarios públicos actuaron, ordenaron que se realice el cometimiento de un delito de plagio”, explicó.

Añadió que cuentan con información detallada que incluye oficios y cheques sobre el crimen.

La Fiscalía, por ejemplo, logró identificar dos cheques de la cuenta de gastos especiales de inteligencia (por 10 mil y 11 mil dólares) que fueron entregados al agente que viajó a Colombia para ejecutar el delito.

Balda asegura que el policía en servicio activo (en ese entonces), Raúl ChicaizaFuentes, fue quien contrató a los secuestradores en Colombia.

“Lo que es más grave, aseguró, es que el pago a los delincuentes se hizo con viáticos autorizados por el Gobierno ecuatoriano, específicamente con dinero de los fondos reservados de la Senain”. Según su versión, para ese operativo también se autorizó el pago de viático desde la Presidencia.

Por eso, la aspiración de Balda y de sus abogados es que las investigaciones lleguen hasta quienes ellos consideran uno de los autores intelectuales del secuestro: el expresidente Rafael Correa. El fiscal no confirmó esa posibilidad y se limitó a informar que el caso todavía está en investigación.

Esta etapa, por decisión de la jueza, se extenderá hasta el 18 de julio.

Hasta ese día podría incluir a otras personas al proceso.

Él también espera recibir documentación que reposa en la Secretaría de Información pero que tiene el carácter de ‘reservada’.

Aunque, como contó EXPRESO el martes, la entidad también ha dado pasos hacia una posible vinculación del exmandatario.

La Fiscalía, por ejemplo, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) las copias certificadas de las credenciales o actas que entregaron a Correa para acreditar su designación como presidente. Él, en su versión ante la Fiscalía, negó haber conocido el caso.

Altos cargos

En octubre de 2014 Fausto Tamayo fue nombrado comandante general de la Policía por el entonces presidente Rafael Correa. Antes, entre otros cargos, fue director de Inteligencia y Personal. Actualmente cumple una pena de prisión por corrupción en el caso denominado “pases policiales”.

El apreciado

Como el “querido compañero que ha cumplido una labor muy importante” en la Senain, se refería Correa respecto a Pablo Romero Quezada. Ayer, la Justicia dictó orden de prisión preventiva en contra del exsecretario de Inteligencia, quien está afuera del país desde hace más de un año.

Fuente: expreso.ec