Libre, pero usando un ‘grillete’, Fernando Alvarado enfrenta investigación

Dieciséis horas de jornada judicial del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, que se iniciaron la mañana del miércoles último cuando fue llevado por la Policía de Manta a Quito para que rinda una versión en la Fiscalía General, terminaron para él, la madrugada de ayer, con una instrucción por peculado, que incluyó la prohibición de salida del país, la presentación cada quince días ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas y el uso del dispositivo electrónico.

En media hora de audiencia la jueza nacional Silvia Sánchez resolvió que se le inicie una instrucción fiscal de 90 días al hombre fuerte de la propaganda de Rafael Correa.

Un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría, enviado a la Fiscalía, el 6 de febrero pasado, citaba irregularidades en la contratación de proveedores y servicios para la realización de los enlaces ciudadanos. Los hechos se habrían dado durante el paso de Alvarado por la Secretaría de Comunicación (Secom).

La providencia confirmando la audiencia de Alvarado para las 00:00 de ayer salió de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), a las 23:07 del miércoles último.

Horas antes la fiscal general subrogante Ruth Palacios pedía, mediante un acto urgente, que la Corte diera paso a la formulación de cargos contra él.

Un sorteo dejó a Sánchez como jueza de la causa.

Alvarado salió de la Fiscalía, donde dio una versión de casi dos horas por el tema Secom, y fue directo a la CNJ.

En la Corte lo esperaban sus abogados Carlos Alvear y Fausto Jarrín y tres colaboradores cercanos.

Para sustentar la prohibición de salida, el uso del grillete y la presentación periódica que solicitaba, Palacios recurrió al informe que Contraloría hizo a la gestión que cumplió Alvarado en la Secom. Y además presentó siete versiones.

El principal elemento de convicción de Fiscalía revelaba que en la realización de las sabatinas se incumplieron las normas de contratación pública, que se dio paso a contrataciones con personas no calificadas, con empresas con las cuales estaba prohibido contratar y que además no existieron justificativos de contratos.

Para Fiscalía las inobservancias a normas constitucionales y legales de Alvarado, en su calidad de secretario de Comunicación, causaron un perjuicio al Estado de $ 250.240.

Jarrín dejó claro que para ellos fue una vulneración de sus derechos el haberlos “retenido” en el interior de la Fiscalía luego de concluir la versión.

Calificó de un “exceso” el que se haya ordenado el uso del grillete, más aún, dijo, cuando han participado de los actos procesales en por lo menos seis casos en los que se los investiga.

“En este caso fuimos nosotros quienes solicitamos la versión y Fernando Alvarado viajó desde África al Ecuador para cumplir con los requerimientos de la Fiscalía”, apuntó.

Pese a que en la audiencia se habló de un perjuicio al Estado de más de $ 250.000, la Fiscalía no pidió medidas cautelares reales sobre bienes y cuentas del exfuncionario.

La audiencia terminó y Alvarado se quedó en la CNJ a la espera de que le colocaran el dispositivo en su tobillo.

Eso habría sucedido en la madrugada de ayer y horas después viajó hasta Guayaquil, donde deberá hacer su primera presentación el 24 de agosto próximo.

Elementos de convicción con que contó Fiscalía para iniciar la instrucción fiscal por el delito de peculado, tipificado en el artículo 278, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal (COIP):

– Informe de Contraloría DMA4-004-2018 con indicios de responsabilidad penal en el que se realizó un análisis de la gestión en la Secretaría Nacional de Comunicación entre el 1 de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017.

En el documento se determinaría que Fernando Alvarado en su calidad de secretario de Comunicación inobservó normas constitucionales y del reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público y dio paso a contrataciones de personas y empresas que no podían ser contratadas;

– Versión de Pablo Javier Yánez Saltos, quien afirmó que se desempeñaba como subsecretario Nacional de Comunicación, por designación de su jefe inmediato, Fernando Alvarado. También habría confirmado que se contrata a la empresa Sartre Comunicaciones para que se realice una consultoría para el mejoramiento de los enlaces ciudadanos;

– Versión de Galo Patricio Pacheco Vásquez, quien informó que cuando Fernando Alvarado cumplía las funciones de Secretario de Comunicación se realizó la contratación con la productora Gota Azul, cuyo representante era Carlos Bravo Segovia, hermano de Marco Antonio Bravo Segovia, subsecretario de medios institucionales de la Secom;

– Versión de Javier Alejando Lemos Cordero, quien dijo que cuando Fernando Alvarado cumplía las funciones de Secretario de Comunicación se realizó la contratación con la empresa Sartre Comunicaciones, al cual realizó una consultoría para la Secom, que como se conoce no se justificó en la Secom;

– Versión de Vanesa Nataly Salgado, quien informó que cuando Fernando Alvarado era Secretario de Comunicación se realizó la contratación del Víctor Hugo Erique Sarango, ya fallecido, quien tenía como formación profesional la de bachiller químico-biólogo y fue contratado por la Secom como técnico especializado en audiovisuales;

– Versión de Carlos Bravo Segovia, quien manifestó que cuando Alvarado cumplía las funciones de Secretario de Comunicación fue contratada la compañía Gota Azul, de la cual él era el representante legal. Además habría reconocido que su hermano era en ese entonces el subsecretario de medios institucionales de la Secom, Marco Antonio Bravo;

– Versión de Elsa Vivanco Hidalgo, representante legal de Sartre Comunicaciones, quien informó que cuando Fernando Alvarado cumplía las funciones de Secretario de Comunicación se realizó una consultoría para la Secom cuya finalidad eran temas de mejoramiento de los enlaces ciudadanos;

– Versión de Galo Patricio Pacheco Vásquez, quien señaló que cuando Fernando Alvarado cumplía las funciones de Secretario de Comunicación se contrató a Víctor Hugo Erique Sarango como técnico especializado en audiovisuales;

Entre los temas señalados en el informe número DMA4-004-2018 de Contraloría explicados por la fiscal Ruth Palacios en la audiencia:

En cuanto a pagos y actos administrativos realizados por delegados de Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, para la relación de bienes y servicios a ser utilizados para el montaje y ejecución de enlaces ciudadanos, la Contraloría estableció que en la etapa precontractual Pablo Yánez, subsecretario Nacional de Comunicación, solicitó se realice la contratación de los servicios técnicos especializados de Víctor Hugo Erique Sarango.

Erique, fallecido en enero de 2018, debía entregar servicios audiovisuales para el enlace ciudadano en el año 2014. La contratación se realizó por $12.000.

Según el análisis de Contraloría, retomado por Fiscalía en la audiencia contra Alvarado, en esta contratación Erique no cumplía con el perfil para prestar este tipo de servicios, sin embargo se lo contrató. Hugo Erique habría sido bachiller en ciencias químicas y biológicas y fue contratado por la Secom como técnico especializado en audiovisuales.

La fiscal Ruth Palacios explicó que en la contratación de Erique no se garantizaron principios de justicia y equidad en cuanto a competencias profesionales acorde con las responsabilidades asignadas. Además, dijo, Contraloría no evidenció documentación que justifique que la labor de Erique no podía ser realizada por ningún otro funcionario de la Secom, aspecto que también exige la ley se justifique.

Además, como se establece en el artículo 148 del reglamento general de la Ley Orgánica de Servicio Público, la contratación de Erique debió tener un informe de la Unidad de Talento Humano de Secom que determine que se podía hacer contrataciones con personas civiles, siempre y cuando la entidad y el personal de Secom no pueda cumplir la tarea o prestar el servicio.

La Contraloría habría definido también que a través de Erique se realizó una contratación con la empresa Gota Azul. Esta empresa estaba representada por Carlos Bravo Segovia, quien era gerente general y hermano de Marco Bravo Segovia, a la época subsecretario de Medios de Secom. Es decir, dijo Palacios, con Gota Azul no se podía contratar.

Contraloría además definció que se realizó una contratación con la empresa Sartre Comunicaciones, a fin de que se dé una consultoría para el mejoramiento del enlace ciudadano, pese a que no se habría evidenciado, ni justificado la necesidad de esta consultoría. Se habrían determinado pagos mediante convenios de $58.240, incluido IVA.

Los convenios de pago se habrían dado entre Beatriz Vivanco, de la empresa Sartre, y Javier Alejandro Lemos Cordero, coordinador administrativo-financiero de la Secom. (I)

Según Fiscalía, no se ha justificado hasta el momento la prestación de este servicio, ni la utilidad del mismo.

Fuente: eluniverso.com – youtube.com – RTS