Las glosas de Contraloría se enredan en la tramitología
El órgano para detectar la corrupción en el aparato estatal tiene una pata floja. La Contraloría General del Estado redacta exámenes especiales para establecer responsabilidades civiles, administrativas y penales en las operaciones de todas las entidades del Estado. Ese paso avanza a un ritmo acelerado, sobre todo, luego de la salida de Carlos Pólit. En la obtención de dinero, sin embargo, la eficacia es diferente. Cobrar las glosas, multas y órdenes de reintegro determinadas puede tardar años porque las leyes y trámites a favor de los señalados impiden el cumplimiento cabal de esa parte del proceso.
Lo dicho se expresa en cifras. En el primer semestre de este año, según datos de la propia Contraloría General, se emitieron glosas y órdenes de reintegro por más de 625,2 millones de dólares.
Además, se establecieron unos 4,06 millones de dólares por multas.
Es decir, en seis meses el ente de control emitió cobros por más de 629,26 millones de dólares.
En el mismo período, en el otro extremo, está el cobro alcanzado.
La Contraloría recuperó coactivas solo por unos 4,2 millones de dólares.
Menos del 1 % de lo establecido como sanciones en este año.
Ese monto, además, no necesariamente corresponde a los grandes escándalos de corrupción del gobierno del expresidente Rafael Correa, que aparecieron desde el segundo semestre de 2017.
Los 4,2 millones de dólares se cobraron, en parte, a distintos involucrados de exámenes e informes de años anteriores.
Es decir, ni los 732 informes aprobados en el primer semestre de este año, ni los 2.551 informes generales que se aprobaron durante el año pasado estarían dentro del dinero recuperado por el organismo estatal.
¿Por qué la diferencia abismal entre lo determinado y lo cobrado? Lo primero que se debe tomar en cuenta luego del establecimiento de cobros a favor del Estado es que la Contraloría solo cobra las glosas correspondientes a las entidades que no tienen oficinas de coactiva propias.
Las instituciones que sí cuentan con la unidad o departamento, como el Servicio de Rentas Internas (SRI), por ejemplo, son responsables del cobro detectado.
Luego viene el proceso para fijar el valor a devolver. El procedimiento es engorroso y está plagado, por ley, de recursos y apelaciones. Los glosados pueden apelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Tan largo es el trámite que la ley permite heredar los cobros. Es decir, si el multado o glosado fallece, sus hijos son los responsables del pago.
Las acciones de control
Deuda
Fue el primer gran trabajo que tuvo la Contraloría General del Estado en manos de Pablo Celi.
El funcionario decidió hacer un examen especial a todas las contrataciones de deuda pública hechas desde 2012.
Preventas de crudo, préstamos del Seguro Social y emisiones de bonos tuvieron novedades.
Seguro social
La cantidad de anomalías denunciadas en torno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), motivó un plan especial de la Contraloría.
Los procedimientos son acompañados por una veeduría especializada y determinó, en sus primeros resultados, que el gobierno del expresidente Correa afectó a la entidad.
Minería
En este año, la Contraloría aprobó una serie de exámenes especiales a los proyectos mineros de Cascabel y Llurimagua.
Las auditorías develaron, según un reporte de la entidad, “la ausencia de estudios ambientales y de medidas para minimizar la afectación a cuerpos de agua, flora y fauna. (I)
Fuente: expreso.ec
