La crisis de seguridad acorrala al gobierno de Lasso
“La paciencia se terminó”. La frase es del alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, quien busca advertir al
presidente Guillermo Lasso de las consecuencias de la violencia en esa ciudad.
Erazo incluso amenazó con cerrar la vía Alóag-Santo Domingo y “paralizar el país”, con el objeto de llamar la atención
del Gobierno para que declare el estado de excepción en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Avalancha de lodo deja atrapados a tres mineros en Zaruma Santo Domingo es una calurosa ciudad de
450.000 habitantes, punto de encuentro de diversas migraciones, y una de las principales conexiones entre las regiones
Costa y Sierra de Ecuador.
No es este el primer gobierno local (GAD) que le exige a Lasso que cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad.
En Esmeraldas, la alcaldesa Lucía Sosa ha liderado marchas por la seguridad y también ha exigido la declaratoria de
estados de excepción.
Mientras que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ha dicho estar dispuesta a ir a la guerra y sostiene que el Gobierno Central
le debe USD 60 millones al municipio porteño por los aportes que ha hecho por su cuenta para equipar a la Policía.
Lo mismo reclamó Erazo, quien dice que Santo Domingo cubre gastos que debería pagar el Ejecutivo, en patrulleros y motocicletas
para la Policía, alarmas y cámaras.
Son varios los gobiernos locales que hacen lo mismo.
La inversión mensual promedio en seguridad de los GADs pasó de USD 389.000 mensuales en 2021 a USD 6,2 millones en 2022.
Estados de excepción:
El Ejecutivo sostiene que trabaja en seguridad y que tiene una estrategia de largo plazo para combatir el crimen.
Y argumenta que el repunte de la violencia es una reacción de la delincuencia frente a las acciones de las fuerzas
de seguridad del Estado.
El Ejecutivo intentó crear una polémica figura, denominada estado de emergencia, que no restrinja derechos, pero permita la
colaboración de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad.
A eso se sumó la intención de que bomberos, agentes de tránsito, de aduanas y municipales pudieran hacer uso de la
fuerza y llevar armas.
Ambas propuestas fueron planteadas en el veto a la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza.
Pero no fueron aceptadas por el Legislativo. (I)
Fuente: evafm.net
