Después de cinco años de que se dictara la sentencia del caso Odebrecht y cuando ninguno de los ocho sentenciados
está en prisión, finalmente, el Tribunal de Ejecución de Pena individualizó el monto que cada condenado debe pagar
como reparación integral a favor del Estado.
El 23 de enero de 2018, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) impuso a los sentenciados por asociación
ilícita la obligación de reparar integralmente al Estado con USD 33,4 millones.
Más de cinco años después, los jueces establecieron el plazo de cinco días -desde el 21 de abril de 2023- para que los
sentenciados cancelen esa suma.
El pago lo deberán realizar con un depósito en efectivo en la Cuenta Corriente Única del Banco Central del Ecuador
cuyo titular es el Ministerio de Economía.
Mientras que los comprobantes de pago deberán ser presentados ante el Consejo de la Judicatura.
“A los sentenciados se previene que, en caso de incumplimiento de este mandamiento de ejecución, se procederá
a la ejecución forzosa”, se lee en la providencia.
Lo que significa que, ante el incumplimiento, se procederá al embargo de bienes y retención de cuentas.
El Tribunal repartió así el pago:
| Jorge David Glas Espinel | 14.100.000 |
|---|---|
| Ricardo Genaro Rivera Araus | 14.100.000 |
| Ramiro Fernando Carrillo Campaña | 200.000 |
| Carlos Alberto Villamarín Córdova | 6.000.000 |
| Édgar Efraín Arias Quiroz | 10.012.000 |
| Gustavo José Massuh Isaías | 860.930,99 |
| José Rubén Terán Naranjo | 749.705,0 |
| Kepler Byron Verduga Aguilar | 1.473.524,3 |
El caso Odebrecht Este caso fue el capítulo ecuatoriano del escándalo de corrupción que envolvió a la constructora
brasileña Odebrecht y empezó en 2014.
Luego de que la empresa alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se reveló que
Odebrecht no solo operó en su país, sino que pagó USD 788 millones en sobornos en América Latina y África.
En el caso ecuatoriano, los documentos del país norteamericano revelaron que, entre 2007 y 2016, Odebrecht pagó
USD 33,5 millones a funcionarios de gobierno, a manera de sobornos, para beneficiarse de contratos.
Un poco más de cinco años después de la sentencia, ninguno de los ocho sentenciados siguen detenidos.
Seis se acogieron a beneficios penitenciarios y garantías constitucionales. (I)
Fuente: evafm.net – primicias.ec
