Gobierno de Ecuador ratifica que Assange incumplió compromiso
Guayaquil.- El gobierno de Ecuador ratificó este sábado que se suspendieron las comunicaciones del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, porque incumplió un compromiso de interferir en asuntos internos de otros países.
Mediante un comunicado, la Cancillería del país suramericano señala que actuó en apego a la Constitución, las leyes y el derecho internacional y cuestionó las afirmaciones “falsas” que se están difundiendo de manera “irresponsable” por las redes sociales, que ocultan antecedentes de esta situación.
El gobierno del presidente Lenín Moreno restringió el pasado miércoles las comunicaciones y las visitas al activista australiano, quien permanece asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, por «no poder controlarse» y opinar sobre cuestiones políticas, una la de Cataluña y la otra la expulsión de diplomáticos rusos en respuesta al envenenamiento del doble espía ruso Serguéi Skripal.
La decisión de Quito ha desatado cuestionamientos de organizaciones de defensa de derechos humanos y de activistas que defienden la libertad de expresión.
A continuación, el comunicado textual del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano:
“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con relación al caso de Julian Assange, reitera que el Gobierno de Ecuador actúa en el más estricto apego a la Constitución, las leyes y el derecho Internacional. Además, mantiene en todo momento su actuación en defensa de los derechos humanos y del interés nacional.
Al respecto, el Gobierno considera inaceptables las afirmaciones falsas que se están difundiendo de manera irresponsable por las redes sociales, que ocultan antecedentes de esta situación y que niegan la existencia de documentos sobre el compromiso de Assange por medio del cual éste se obligó a no pronunciarse sobre asuntos internos de otros Estados.
En este sentido, el Gobierno del Ecuador confirma categóricamente que el señor Assange, en atención a la protección internacional mantenida por Ecuador, se comprometió, libre y voluntariamente, a “no interferir en los asuntos internos de los Estados”, a respetar las leyes del Estado que le protege e incluso señaló que defenderá “los intereses de Ecuador como lo haría el mejor de sus ciudadanos”.
La Cancillería destaca igualmente que, más allá de dicho compromiso, todas las personas, independientemente de su condición, con inclusión de las personas bajo protección internacional, están obligadas a respetar las normas del derecho internacional que rigen la convivencia pacífica y las relaciones de amistad y cooperación entre las naciones, ciudadanos y pueblos civilizados del mundo, entre éstas el deber de abstenerse de actividades políticas en país extranjero, previsto en el artículo 38 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
El texto legal afirma que toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades políticas que, de conformidad con la ley, sean privativas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjero.
En el mismo sentido, resalta que las convenciones sobre Asilo Diplomático de 1954, sobre Asilo de 1928 y el Tratado sobre Asilo y Refugio Político de 1939 contienen disposiciones que determinan que, mientras dure el asilo, los asilados no podrán practicar actos que alteren la tranquilidad pública o que tiendan a participar o influir en actividades políticas, así como tampoco intervenir en la política interna del Estado territorial.
Señalan además que, en esas circunstancias, no se permitirá a los asilados practicar tales actos, lo que da cuenta del actuar siempre apegado a derecho y de la buena fe por parte del Estado ecuatoriano en todas sus actuaciones referidas al presente caso.
Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, al referirse al derecho de toda persona a la libertad de expresión, precisa que éste no es un derecho absoluto sino que su ejercicio entraña deberes y responsabilidades especiales, por lo que puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán estar fijadas por ley, y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y para la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral públicas.
La Cancillería recuerda que la solución a este caso solo será posible si el mismo es tratado con la seriedad y responsabilidad necesarias, a la vez que por medio del estricto respeto al derecho internacional y la cooperación debida de todas las partes involucradas”.
El activista australiano, quien tiene la nacionalidad ecuatoriana, permanece bajo régimen de asilo en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012, al considerar el entonces gobierno de Rafael Correa que su vida e integridad física corrían peligro.
Fuente: andes.info.ec
