Gobierno adoptó medidas para frenar el contrabando y proteger la producción nacional del arroz

Guayaquil, 30 oct (Andes).- La desazón agobiaba a los pequeños productores de arroz, uno de los principales productos de la dieta de los ecuatorianos.

Ellos veían cómo las inversiones que habían realizado para obtener una buena producción caían en ‘saco roto’.

“Hacemos fuertes inversiones para mantener la producción, pero los compradores nos pagaban apenas 24, a veces 27 dólares el quintal y eso nos dejaba pérdidas”, dice el productor Carlos Zambrano, presidente de la Asociación de Agricultores del cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas.

La complicada situación motivó a inicios de este mes a los productores de este cantón, así como de Daule, Santa Lucía, Samborondón y otras localidades de Guayas y Los Ríos, que son las principales zonas arroceras de Ecuador, a tomarse las carreteras como medida de protesta para exigir que se respete el precio oficial de 35,50 dólares el saco de 200 libras en cáscara.

Según el agricultor, los costos de producción (semilla, insumos, fertilizantes, mano de obra) promedian un costo de 30 dólares por saca.

No obstante, el principal problema que los ha venido afectado desde hace algún tiempo es el ingreso de arroz de contrabando, especialmente de la frontera con Perú, que se comercializa a un precio de 25 dólares.

La recuperación en la producción en la zona de la cuenca baja del río Guayas, así como en el sur del país, sumado al ingreso de la gramínea de contrabando provocó la saturación del mercado ecuatoriano.

Javier Chon, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros, expuso cifras del incremento de la producción.

En 2016 la cosecha de invierno (abril) registró 2,8 toneladas por hectárea mientras que este año llegó a 3,5 toneladas.

Mientras la cosecha de verano (octubre) pasó de 5 a 5,5 toneladas por hectárea en el mismo lapso.

Actualmente unos 70.000 agricultores, en su mayoría pequeños productores, trabajan más de 300.000 hectáreas para la cosecha de invierno y más de 150.000 hectáreas en el ciclo de verano, de un total de 800.000 hectáreas de cultivos de ciclo corto que se distribuyen en el país, según datos de la Cámara de Agricultura del Litoral.

Las protestas llevaron a la mesa de diálogos a los productores, industriales y las principales autoridades del ramo, entre ellas la entonces ministra del ramo, Vannesa Cordero, quien luego fue separada del cargo en medio del proceso de conversaciones y fue reemplazada por el actual secretario de esa Cartera, Rubén Flores.

Producto de los diálogos, surgieron las primeras acciones de respuesta de las autoridades para frenar la problemática de este sector del agro.

Una de ellas fue la disposición de comprar el arroz al precio oficial a los productores, a través de los silos de la Empresa Pública Unidad de Almacenamiento (UNA).

Para ello, el gobierno asignó a la UNA, un monto de 5 millones de dólares.

María Paula Cristiansen, gerenta de la entidad, dijo que la planta de Daule, con capacidad de 10.000 toneladas, inmediatamente comenzó la compra.

Agregó que se han reducido los tiempos de pago al productor en máximo 10 días.

No obstante, los productores exigieron medidas contundentes para frenar el contrabando, identificado como el mayor problema.

En ese sentido, Chon calcula que desde 2016 han ingresado unas 80.000 toneladas desde Perú, al tiempo que desvirtúa las acusaciones de ciertos sectores en el sentido de que el sector que representa estaría irrespetando el precio de sustentación oficial en detrimento de los pequeños productores.

El representante de la industria arrocera se comprometió ante la mesa de diálogos que entre febrero y marzo de 2018 comprarán a la Unidad de Almacenamiento unos 420.000 quintales de arroz en cáscara al precio oficial, como una medida de apoyo al productor ecuatoriano.

La problemática arrocera derivada del contrabando, incluso, fue discutida al más alto nivel.

El tema fue tratado en el último gabinete binacional entre los mandatarios de Ecuador y Perú, Lenín Moreno y Pedro Pablo Kuczynski, quienes acordaron estrategias conjuntas para reducir el ingreso ilegal de productos agrícolas en un 60 por ciento hasta 2018.

Luego de este encuentro presidencial se adoptó un plan que involucra a 16 entidades estatales, entre ellas entre ellas el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), entre otras dependencias.

Esta estrategia contempla cinco acciones que son: Realizar un inventario de productores de arroz y cebolla en los sectores de frontera; corroborar la producción de esas zonas fronterizas antes de entregarles el Comprobante de Origen Nacional de Productos Agrícolas, que es un documento indispensable para la movilización de productos agrícolas y que es otorgado por el MAG; y, se fortalecerán los controles de la fuerza pública en la frontera.

También se dispuso el intercambio de información entre el SRI, Senae y MAG para garantizar el uso de materia prima nacional por parte de los industriales y se endurecerán las sanciones contra cualquier acto de informalidad o corrupción de la autoridad llamada al control.

Paralelamente, se dispuso a la UNA realizar un inventario del stock en sus silos y arme una estrategia interinstitucional para agilizar la venta del arroz, cuyo destino son hospitales, escuelas y centros de rehabilitación, a fin de liberar la existencia y seguir adquiriendo más grano a los productores.

Cada entidad asumirá sus responsabilidades en su campo de acción y se hará un seguimiento semanal de los resultados.

A estas medidas se suma el anuncio de incrementos en los créditos para el sector a través de BanEcuador.

En ese sentido ya están listas 500 operaciones con énfasis en los arroceros que estén al día en sus pagos con la banca pública.

Este pliego de acciones fueron anunciadas por el ministro Flores en el marco de una reunión realizada en Guayaquil el miércoles pasado con los sectores involucrados en la cadena del arroz.

Los productores suspendieron temporalmente las acciones de protesta hasta verificar los resultados del plan gubernamental, según anunció Julio Carchi, dirigente agrícola del cantón Daule.

El contrabando del arroz afectó a los productores ecuatorianos.

Los silos de Daule de la UNA, reciben el arroz de los productores de la zona.

Fuente: andes.info.ec