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Exceso de multas y radares con fallas ponen en la cuerda floja a la ATM

Una notificación salta en el celular: un correo electrónico con el reporte de que usted ha sido multado por exceso de velocidad.

Está incrédulo. El estrés y la indignación se activan.

Recuerda haber conducido por debajo del límite de velocidad, más si hay radares cerca, pero lo más probable es que deba pagar la multa

o será imposible matricular el carro.

 

Maritza le sucedió esto, en octubre, luego de haber circulado por el kilómetro 13 de la vía a Daule, en el noroeste de Guayaquil.

“Nunca conduce a más de 60 kilómetros por hora”, dice José, su esposo, quien cuenta como anécdota que un día antes de esa

notificación pasó por ese sector y vio cómo ese radar marcaba la velocidad “del aire”

porque las lecturas se hacían incluso cuando escaseaba el tránsito.

De inmediato pagaron unos $ 60, y no los $ 120, para acogerse al descuento del 50 % si se cancela pronto.

 

Las impugnaciones por las “lecturas erróneas” de los fotorradares se cuentan por miles.

En el 2021 se presentaron 8.700 impugnaciones para rechazar las multas por exceso de velocidad impuestas por la Agencia de Tránsito

y Movilidad de Guayaquil (ATM). En lo que va del año: más de 9 mil.

 

Este tipo de infracción está entre las más comunes en la urbe porteña, según los registros de la ATM.

De enero a octubre pasados se multó a 120 mil personas, incluyendo a quienes han reincidido.

 

Jean Salinas, un empresario de 36 años, podría decirse que fue reincidente.

En el 2021 pagó unos $ 700 en multas por exceso de velocidad en la autopista Narcisa de Jesús.

Asumió esos valores porque no tenía manera de probar “el error” en las lecturas de los fotorradares.

 

Ante las cuantiosas multas, él decidió instalar cámaras en su vehículo para tener una forma de probar su inocencia.

“Me costó casi $ 1.000 entre aparato (importado) e instalación.

Me siguen multando, pero todas las impugnaciones las gano porque ahora sí tengo pruebas”, dice Salinas.

“Se debe parar esta metida de mano al bolsillo del pueblo”.

 

De hecho, una sola empresa concentra, al menos, 95 adjudicaciones de contratos de régimen común y especial

para proveer esos aparatos y otros dispositivos relacionados con el control del tránsito, y su mantenimiento

a instituciones públicas cuyas inversiones suman $ 64,5 millones, entre febrero de 2015 y agosto de este año, según los

registros disponibles del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

 

Alcolisti S. A., la firma que, al parecer, ha llenado con creces las expectativas de la ATM de Guayaquil

la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el Municipio de Quito

y otras entidades, fue constituida en julio del 2000 y registra como domicilio el piso 5 de un edificio ubicado en Carchi y Quisquís

junto al hotel Mi Casa, en el centro de Guayaquil, de acuerdo con la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

 

Empresa encargada del mantenimiento de equipos:

La empresa, que tiene como actividad económica “la venta e instalación de materiales e insumos de señalización y seguridad vial

dispositivos médicos, quirúrgicos y dentales”, ha estado en manos de la familia Soria Govea.

En la actualidad, César Gustavo Soria Estrada es el accionista mayoritario; y, su hermano, Miguel, tiene una mínima participación, según los registros.

 

De las 95 adjudicaciones de contratos, 35 corresponden a adquisiciones hechas, entre abril del 2015 y agosto de este año, por la

ATM de Guayaquil, que representan $45,3 millones, es decir, la entidad municipal es el principal cliente estatal de esta firma.

 

La bonanza percibida por la compañía también se refleja en sus ingresos anuales.

En el 2014, ese rubro ascendía a $ 2,4 millones, mientras que en 2021 registró $ 8,9 millones, según los documentos.

 

Lo mismo se percibe en sus declaraciones de impuesto a la renta, la empresa pagó $ 117 mil por el ejercicio fiscal 2015

el mayor monto que había registrado desde el 2002 cuando empezó a declarar.

Algo similar ocurre con su pago del impuesto a la salida de divisas, tributo que hasta el año pasado correspondía al 5 %.

La firma pagó $ 1 millón al fisco por los $ 20 millones que se trasladaron al extranjero o que se consumieron afuera

según los ejercicios fiscales del 2015 al 2021.

 

El período de abundancia de Alcolisti S. A., por el auge de contratos, tiene como antecedentes las modificaciones de las normativas

 relacionadas con la operación de los dispositivos de medición de velocidad.

En 2010, el Directorio de la Comisión de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (organismo que antecedió a la ANT)

a cargo de Fernando Amador, quien desde el 2014 trabaja en la ATM, aprobó el

Reglamento para Implementar, Usar y Validar los Sistemas de Control de Velocidad, que incluía los denominados fotorradares.

 

A través de su página web, Alcolisti S.A. detalla que los equipos que oferta son adquiridos a la compañía estadounidense Traffic Logix.

Este Diario también visitó el sitio de internet de esa empresa.

Según un empleado de la compañía que contestó a través de un chat de asesoría, los aparatos dejaron de ser fabricados hace seis años.

El asistente evitó dar más detalles.

 

Ficha técnica

Al consultar la ficha técnica de los dispositivos (modelo SAFEPACE CAM 400) que se comercializaron en el país, en esa página web se lee que la “precisión de velocidad típica” o margen de error es de +/- 10 %.

Sin embargo, en el 2020, la empresa reportó a la ATM de Guayaquil que ese mismo modelo tiene el +/- 2 % de precisión.

En el 2015, 2016 y 2017 también se comercializó el mismo tipo de cámara.

Este Diario solicitó una entrevista con el vocero de Alcolisti S. A., pero no hubo respuesta, pese a que se acudió a su sede, se enviaron correos

mensajes de texto y llamadas telefónicas.

 

 

Esa empresa tenía la homologación de los radares, por eso es que usted la ve en todo el país.

Andrés Roche, gerente de la ATM (2015-2020).

 

Andrés Roche, quien dirigió la entidad municipal entre 2015 y 2020, defiende las compras que se hicieron a Alcolisti S.A.

debido a que, dice, la firma contaba con el permiso de la ANT

y la certificación de los equipos, algo que les faltaba a otros proveedores.

“(¿Se vieron con las manos atadas por el tema de la homologación y otros requisitos?)

Es probable, porque uno abre un concurso con los parámetros que tiene.

Recuerdo que había unas opciones europeas, no baratas, que eran mucho mejores, pero que no estaban homologadas”.

El exfuncionario afirma que en su gestión los aparatos funcionaron sin problemas de hardware o software, y que una comisión

 revisaba ese tema cada mes.

Además, se sostiene que se implementaron niveles de tolerancia en las mediciones del día a día para evitar olas de infracciones.

 

Las lecturas erradas son un robo descarado. El atraco es de frente. Llevo seis juicios ganados.

Juan Estrada, conductor guayaquileño.

 

No obstante, conductores como Juan Estrada están convencidos que el cobro de multas de “lecturas con fallas” es “un atraco”.

Él muestra los documentos de los seis juicios que ha ganado para desechar las multas que se le impusieron en la vía a la costa.

En la sentencia ratificatoria de inocencia del 18 de octubre pasado, un juez consideró que el fotorradar del kilómetro 18

de esa carretera (sentido Chongón-Guayaquil) no estaba debidamente calibrado, tras la exposición de videos como pruebas

de que el vehículo rodaba a menos de 90 km/h y no a 95 km/h.

 

Desde 2016 hasta mediados de noviembre anterior, unas 54 mil impugnaciones se han presentado en contra de infracciones

por exceso de velocidad impuestas por la ATM, por la vía administrativa.

Cerca de un 40 % de esos recursos fueron resueltos a favor de los conductores, de acuerdo con los registros a los que accedió este Diario.

La recaudación de las multas por ese tipo de faltas ha significado ingresos millonarios a la entidad municipal

según un cálculo de este periódico, ante la falta de cifras monetarias absolutas que se solicitaron al área de prensa de la ATM.

Desde agosto del 2015 -cuando inició operaciones- hasta octubre pasado, se multó a 527 mil personas

(incluye reincidentes), que representarían $ 62,5 millones (sin estimar el descuento a la multa, desde el 2021). (I)

 

 

Fuente: evafm.net – expreso.ec