La eliminación de los registros de información histórica crediticia de 1,7 millones de personas

que constan en los burós de crédito con deudas vencidas de menos de $ 1.000

dispuesta en el Decreto Ejecutivo 33 por el presidente de la República, Guillermo Lasso no se puede ejecutar de manera inmediata.

Primero deben cumplirse al menos dos pasos: la conformación de la nueva Junta de Regulación de Política Financiera

y que esta a su vez emita las directrices que aclaren una serie de dudas que genera el decreto.

Mientras tanto, la decisión del presidente Lasso, tomada el 24 de mayo pasado, pese a haber sido una oferta de campaña

no sería técnica y no cumpliría el objetivo que se ha trazado de permitir un mejor acceso a créditos, según Asobanca y Equifax.

El Decreto Ejecutivo 33 dispone que las entidades que brindan el servicio de registro de información histórica crediticia

deberán eliminar de dichos listados a las personas con deudas menores de $ 1.000

en caso de que la obligación se haya generado en el sistema financiero o en los segmentos 1 y 2 de las cooperativas.

Para los otros segmentos, el monto de deuda para que el deudor pueda ser eliminado del registro es de $ 500.

El decreto no elimina la deuda ni el derecho de cobro.

 Asobanca (Asociación de Bancos Privados del Ecuador) dijo que “mientras más información exista de cada cliente

en los burós de crédito, siempre será mejor el proceso para construir un score o calificación del historial de crédito de una persona”.

 Así, la medida dictada en el Decreto 33 devendría en menor información disponible

lo cual “podría tener un impacto en el acceso a nuevos créditos por parte de dichos clientes

se estaría perjudicando a quienes quieren acceder a un préstamo o crédito, pues no se contaría con información completa del perfil de ese cliente”, dice Asobanca. (I)

Fuente: evafm.net