El pago al Central se colmó de improvisación y anomalías
No solo fueron las operaciones irregulares, sino también un cúmulo de modificaciones legales e improvisaciones las que permitieron que el gobierno del expresidente Rafael Correa haga y deshaga en las finanzas públicas. Los pagos del Ministerio de Finanzas al Banco Central son el último ejemplo. En los días finales de su gestión, el equipo económico del exmandatario orquestó un pago con acciones de la banca pública que estuvo plagado de cambios de última hora, cálculos cuestionables y transacciones erróneas que persistieron hasta la gestión de Lenín Moreno.
Entre el 2 y el 18 de mayo, seis días antes de que Correa dejara Carondelet, sus ministros y delegados ante la Junta Monetaria y Financiera propusieron, redactaron, aprobaron y firmaron un acuerdo de pago entre Finanzas y el Banco Central. En dicho documento se establecía que el Central recibiría como parte de pago, por las deudas del régimen de Correa, 2.136 millones de dólares en acciones de la banca pública. Es decir, el Ejecutivo pagó parte de los compromisos que adquirió con el Banco Central (y que superaron los 5.678 millones de dólares) con acciones de otros bancos del mismo Estado. Con papeles, no con dinero.
Los exministros Patricio Rivera y Diego Martínez estuvieron detrás de la operación que, además de ser declarada como reservada, estuvo plagada de errores. Verónica Artola, gerente del Banco Central, que permanece en el cargo hasta la fecha, también firmó el acuerdo de pago.
La insólita velocidad para crear la normativa que permitió la operación llamó la atención de la Contraloría General del Estado. El ente inició una investigación que concluyó en un examen especial publicado el 9 de abril. Ese día, la Dirección Nacional de Auditoría de Deuda Pública y Financiera remitió el documento al actual ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez.
En el examen no se explica, sin embargo, cuál será el mecanismo para pagar los otros 3.500 millones de dólares que no se mencionan en el modelo inventado por los empleados del expresidente.
La declaración de informes reservados y los tiempos poco usuales en el sector público no fueron los únicos llamados de alerta de la Contraloría General. En el informe especial se detalla que también hubo una serie de cálculos erróneos que sobreestimaron en más de 14 millones de dólares los valores de las acciones de las tres entidades financieras públicas.
El Ejecutivo ofreció el 100 % de las acciones de la Corporación Financiera Nacional (CFN), BanEcuador y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) (ver cuadro).
En otras palabras, en el afán de cubrir la mayor cantidad de deuda posible, los funcionarios del Ministerio de Finanzas sobrevaloraron las acciones de las tres instituciones públicas y eso, a criterio de la Contraloría, constituye una afectación para el Banco Central. Según el informe del ente de control, “los intereses devengados de estos títulos constituyen egresos permanentes que solo pueden ser financiados con ingresos permanentes y no debieron incluirse en esta valoración”. Ante el error, el Ejecutivo tuvo que desembolsar 14 millones de dólares para el Banco Central.
El gobierno de Moreno también detectó las anomalías en la operación, pese a que fueron sus funcionarios los que instrumentalizaron la iniciativa del correísmo. El actual primer mandatario ordenó un cambio que quedó plasmado en la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Entre sus líneas versa que “en los plazos que defina la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el Ministerio de Economía y Finanzas comprará, con bonos del Estado ecuatoriano, las acciones de la Corporación Financiera Nacional, BanEcuador y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias que el Banco Central del Ecuador tiene en su poder. En los términos y condiciones que se definan entre las partes para el efecto”.
Aunque la orden dispuesta en la ley está en marcha, la actual administración del país cometió algunos desaciertos al respecto. La Corporación Financiera Nacional, que por la operación relámpago del gobierno pertenece al Banco Central, transfirió las utilidades de una de sus propiedades (el Banco del Pacífico) al Ministerio de Finanzas. Todo sin el visto bueno del Central.
El Banco del Pacífico
Utilidades
La Corporación Financiera Nacional resolvió enviar más de 12 millones de dólares de las utilidades del Banco del Pacífico (cuyo accionista mayoritario es la CFN) al Ministerio de Economía y Finanzas. Eso, pese a que con el cuestionado pago el dueño legítimo de las entidades es el Banco Central.
Finanzas
El Ministerio de Economía y Finanzas recibió 10 millones de dólares de la Corporación Financiera Nacional por concepto de las utilidades que generó el Banco del Pacífico. El monto total era de 12 millones. La transferencia se hizo, según la Contraloría General, en julio del año pasado.
Junta
La Junta de Regulación Monetaria y Financiera orquestó el pago con acciones. Ahí se dictaron las resoluciones, declaradas como reservadas, para que el Banco Central acepte los pagos del Ministerio de Finanzas. Ambas entidades dieron el visto bueno a la legalidad de la operación.
Para saber
Gobierno anterior
Diego Martínez, exministro y gerente del Banco Central, defendió las operaciones que ahora cuestiona la Contraloría General.
Gobierno actual
El exministro Carlos de la Torre también consideró que la operación relámpago para pagar deudas con acciones de la banca pública fue un mecanismo adecuado.
Banco Central
Las autoridades actuales del Banco Central, y del gobierno de Lenín Moreno, ofrecieron que este tipo de transacciones no se repetirán y se garantizó la autonomía de la entidad exemisora.
Deuda
La deuda se originó por la compra de bonos estatales. (I)
