El desairado fin del Lava Jato en Brasil
Este mes, el grupo de trabajo a cargo de la operación Lava Jato fue disuelto por el procurador general de Brasil.
El fin de la operación anticorrupción, cuya acción cambió la historia de Brasil y de América Latina
pudo haber suscitado una reacción encendida: para unos se trata de uno de los pocos esfuerzos contra la impunidad a políticos y empresarios
que debe seguir activa y para otros es un ejemplo más de politización de la justicia que nació con severas fallas de origen.
Se esté a favor o en contra de la operación, queda clara una cosa: el tejemaneje entre corrupción y política sigue estando al orden del día.
El mismo día 1 en el que se anunció la disolución de la operación, Arthur Lira, un político investigado por posibles actos de corrupción
fue electo presidente de la cámara de diputados.
Pero ni en las calles ni en las redes sociales, ninguno de los dos anuncios generó mayor indignación.
El inmenso capital político y social acumulado por el Sergio Moro, el célebre juez que inició Lava jato, y los procuradores se ha ido evaporando en los últimos años
Y esto lleva a otra conclusión:
En lugar de ayudar a erradicar la corrupción, lograr mayor transparencia en la política y fortalecer la democracia la famosa operación contribuyó al caos que hoy vive Brasil.
Se vendía como la mayor operación anticorrupción del mundo, pero se volvió el mayor escándalo judicial de la historia brasilera.
Su desairado fin nos dice mucho sobre el descredito en el que cayó después de la victoria de Jair Bolsonaro
impulsada en buena medida por la indignación social provocada por el “lavajatismo”.
También permite esbozar una reevaluación del legado de la operación y de la manera en la que entrará en los libros de historia
en particular tras la publicación reciente de nuevos diálogos vía Telegram entre Moro y los procuradores, que confirmaron su carácter eminentemente político.
Para defender su obra, los procuradores de Lava Jato han presentado una serie de cifras, que dan muestra del tamaño descomunal de esta operación.
En siete años, se libraron 1450 órdenes de aprehensión, 179 acciones penales, 174 condenas de empresarios y políticos del más alto nivel
incluyendo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin embargo, para conseguirlo, los procuradores cayeron en violaciones al debido proceso sin que por ello la corrupción haya disminuido.
Si bien era conocido desde hace tiempo que Moro había condenado a Lula da Silva por “actos indeterminados” y cargos dudosos
ahora se sabe que fue el propio Moro quien dirigió la construcción de la acusación contra el ex presidente
violando el principio jurídico de no ser juez y parte al mismo tiempo.
Cuando los abogados de Lula denunciaron haber sido espiados ilegalmente por la operación Lava Jato, estos últimos aseguraron que se había tratado de un “error”
y hoy es posible confirmar que los procuradores eran informados periódicamente por los agentes de la policía federal a cargo de las interceptaciones telefónicas
con el objetivo de trazar estrategias y obtener la condena de Lula.
Moro se ufanó en sus conferencias de las sumas de dinero recuperadas a favor de las arcas públicas, pero omitió decir
que el 50 por ciento del dinero proveniente de las multas impuestas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a Petrobras y Odebrecht
tendrían como destino una fundación de derecho privado, cuyos gestores serían los propios miembros de Lava Jato
junto con dirigentes de ONGs. En 2019, la Corte Suprema suspendió la fundación.
Hay, dentro de todo, buenas noticias para Brasil: no todas las instituciones han sido cooptadas.
Algunas han denunciado estos atropellos, haciéndose eco de las voces de la sociedad civil que exigen el restablecimiento del Estado de derecho
empezando por la restitución de los derechos políticos de Lula.
Es necesario continuar fiscalizando y denunciando estas arbitrariedades y reevaluar de manera crítica el significado de la operación Lava Jato para la justicia y la democracia de Brasil.
Lo anterior no quiere decir que no sea imprescindible la actuación firme de la justicia en contra de la corrupción.
Por el contrario, es necesario reforzar los instrumentos para terminar con la relación incestuosa entre el dinero y la política. (I)
Fuente evafm.net
