El caso Dhruv no existe teoría de peculado
El sobreseimiento de los 18 procesados en el caso Dhruv fue sorpresivo para la Fiscalía.
Luis Rivera, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), consideró que los hechos
relacionados con la compra de los siete helicópteros no constituyen delito.
Si bien el fallo de Rivera todavía no se ha notificado oficialmente por escrito, el 19 de junio de 2023 en el final
de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, el magistrado leyó los argumentos que
presentaron los 18 investigados y que lo llevaron a tomar esa decisión.
Según los procesados, los hechos relatados por la Fiscalía no se ajustan a una posible conducta penal
sino administrativa o civil.
Y esos ámbitos son competencia de la Contraloría, que realizó tres exámenes a esta compra y no determinó
perjuicio para el Estado.
Además, los abogados defensores coincidieron en que “se trata de un peculado imposible, ya que hay 18
procesados”.
Todos, dijeron, debieron haber realizado estos actos en beneficio propio o de una sola persona, habiéndose
puesto de acuerdo anticipadamente.
La Fiscalía, por su parte, adelantó que apelará ese fallo.
Marco legal equivocado:
Los abogados de los procesados aseguraron que la Fiscalía utilizó un marco legal equivocado, para analizar
el contrato de compra de las aeronaves.
Según la teoría del caso de la Fiscalía, en los documentos precontractuales se establecieron especificaciones
técnicas sobre los helicópteros que la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) necesitaba.
Pero, estos papeles no se sometieron a la aprobación del Comité de Contrataciones de la FAE, como lo
ordenaba la ley.
Para la fiscal Diana Salazar, con el objetivo de obviar ese control legal, Wellington Sandoval, entonces
ministro de Defensa declaró emergente la compra, lo que significó un proceso de contratación más
rápido y sin todos los controles.
El argumento para la emergencia fue el incidente de Angostura, en 2008.
Aeronaves militares colombianas bombardearon territorio ecuatoriano para afectar a grupos
armados irregulares.
Con base en ese episodio, según la declaratoria firmada por Sandoval, era urgente comprar
siete helicópteros de rescate patrullaje y combate.
¿Hubo perjuicio?
Durante el proceso, la Fiscalía intentó posicionar la tesis de que la compra direccionada
de los helicópteros Dhruv provocó un perjuicio para el Estado de USD 66 millones.
De las siete aeronaves compradas, cuatro se accidentaron, dejando un saldo de tres fallecidos.
Mientras que las otras tres permanecen embodegadas desde 2015, cuando se decidió que no
volverían a volar por falta de garantías técnicas.
Sin embargo, los abogados defensores dijeron que el Ministerio Público no pudo comprobar
que ese perjuicio existió y, menos aún, que ese dinero haya beneficiado a alguno de los procesados.
El caso Gabela y los Dhruv:
Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, fue una de las más críticas con la decisión
del juez Luis Rivera.
La mujer, incluso, denunció un supuesto conflicto de intereses del magistrado, por su pasado
laboral en el gobierno de Rafael Correa.
Jorge Gabela, excomandante de la FAE, fue asesinado el 29 de diciembre de 2010, en Guayaquil.
La versión oficial detalló que el militar fue baleado en su casa, durante un presunto asalto.
Sin embargo, la familia de Gabela se opuso a esa teoría.
Y relacionó su muerte con las denuncias que Gabela hizo sobre la compra de siete
helicópteros Dhruv por parte de la FAE.
De manera paralela al proceso por presuntas irregularidades en la compra de las aeronaves
la Fiscalía mantiene abierta una investigación previa por el asesinato del excomandante
de la FAE.
El 6 de junio de 2023, trece años después del crimen, esa investigación penal se reactivó.
Roberto Meza, perito argentino que investigó el caso a pedido del Gobierno de Correa
acudió a la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria.
El perito Meza se encuentra en Ecuador desde el 12 de mayo de 2023.
El Gobierno de Guillermo Lasso volvió a contratar al experto forense para que reconstruya
el tercer producto de su investigación por el caso Gabela, que se extravió bajo custodia
del correísmo.
El tercer producto debía referirse a los presuntos autores intelectuales del crimen.
La Contraloría, inicialmente, determinó que ese informe no fue entregado.
Aunque después se confirmó que el documento sí llegó al Ministerio de Justicia. (I)
Fuente: evafm.net – primicias.ec
