DP World Posorja expone al país a cortes internacionales
La encrucijada del Gobierno de Lenín, o del que venga, es atroz. Si declara nulo el contrato de gestión delegada con DP World Posorja por la construcción y operación del puerto de aguas profundas, esta lo demandará en cortes internacionales.
La sede del centro de arbitraje internacional para este caso está en Chile.
Y si no es así y los jueces declaran improcedente la demanda de DP World, será la concesionaria del puerto Libertador Bolívar de Guayaquil, Contecon (filial de la filipina Ictsi), la que ejercerá ese derecho en cortes mundiales.
Contecon tiene como argumento válido su contrato de concesión, firmado en 2007 también por Correa, en el que se indica que es esta compañía la que tiene la primera opción en caso de la construcción de una terminal en Posorja. Y es más, la filipina presentó a la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) la propuesta para hacerla.
Hoy Contecon Guayaquil S. A. también exige la renegociación de ese contrato por varios motivos.
Uno de ellos: las prebendas que tiene DP World en cuanto al pago, casi nulo, de contribuciones al Estado durante el periodo de gestión, esto es 50 años.
Ayer la Contraloría General del Estado notificó a tres exministros del Gobierno de Rafael Correa sobre un examen especial al proceso de delegación del puerto de aguas profundas a la empresa DP World Posorja (incluida la carretera alterna desde Playas a Posorja y el canal de navegación propio). Esto, mientras esta empresa se apresta a recibir los primeros tres buques semanales a partir de agosto, en lo que sería el inicio de sus operaciones.
La Contraloría notificó ayer a Walter Solís Valarezo, exministro de Transporte y Obras Públicas; Patricio Rivera Yánez, exministro coordinador de la Política Económica y miembro del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas; y a Santiago León Abad, secretario técnico de este Comité, sobre el inicio, por parte de la Dirección Provincial, de un examen especial a los procesos precontractual y contractual del contrato de gestión delegada.
Eso, amén de la demanda interpuesta por el activista político Carlos Figueroa ante la Fiscalía General del Estado en contra del contrato de gestión delegada, en la que el demandante pide llamar a cuatro exgerentes de Autoridad Portuaria de Guayaquil y al actual, Damián Velasco, que no estuvo en el proceso de delegación (entró este año). El proceso está en indagación previa, por lo que la autoridad no puede emitir información al respecto.
Se incluye también a otros exfuncionarios, entre ellos el exsecretario de la Presidencia Alexis Mera y el expresidente Rafael Correa, así como a la empresaria Isabel Noboa y a otros representantes de la empresa DP World. La lista es larga. Cerca de treinta personas.
Los ejecutivos de la compañía que dirige el puerto de aguas profundas no se han pronunciado al respecto, pero sí presentaron las grúas enormes que adquirieron. Ayer Diario EXPRESO solicitó su versión por correo electrónico, pero no obtuvo respuesta al pedido.
Antecedentes
El 7 de junio de 2018 el exgerente de APG, Guido Ferreti, envía una carta a varios funcionarios del Gobierno en la que les advierte, punto por punto, las inconsistencias del contrato con DP World Posorja.
Sin respuestas
La carta de Ferreti, cuyos detalles publicó Diario EXPRESO, tuvo como destinatario principal al exministro de Transporte Boris Palacios, quien nunca respondió. (I)
Fuente: expreso.ec
