Dinero de convenios educativos se usó en cocteles y restaurantes
Los objetivos de los convenios eran educativos: ‘diseñar instrumentos de evaluación y valoración del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA)’, ‘coordinar acciones para brindar asesorías a los proyectos innovadores del Banco de Ideas’, ‘foro para analizar el comportamiento de los medios en el contexto político’. Pero $ 320.047 de los $ 2’043.300 entregados por entidades estatales al Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal) se usaron en gastos que poco tenían que ver con su fin.
Pagos de restaurantes, hospedaje en lujosos hoteles, adquisición de licores, el montaje de un coctel, el pago de dos garajes e incluso las facturas de alquiler del apartamento de Francisco Sierra, entonces director de la institución, son algunos de los gastos hechos con el dinero que la Senesyct y el extinto Ministerio de Coordinación y Talento Humano destinaron a este organismo, reconocido para promover la democratización de la comunicación y la ética periodística.
Así lo indica un informe de la Contraloría General del Estado, aprobado recientemente, y que analiza el uso dado a recursos públicos en la entidad de 2014 a 2017. De los $ 10’173. 034 que recibió Ciespal, el análisis estudió solo el desembolso de $ 4’765.056.
El documento, del que se desprende un informe con índices de responsabilidad penal, encontró también otras trece irregularidades.
Entre ellas está la creación de la Dirección del Observatorio de Ciencia, Tecnología y Educación, que se hizo sin cumplir los procedimientos contemplados en las normativas del instituto y sin la aprobación del Consejo de Administración del mismo, en el que deben figurar, por ley, miembros de entidades como la Universidad Central, Cancillería, Unesco, la Organización de Estados Americanos, entre otros.
Con dicho fin, un mes después de creado el observatorio, en 2016, se modificaron los estatutos referentes a las contrataciones, permitiendo así que esta dirección fuera liderada por René Ramírez, entonces secretario de la Senesyct y presidente del Consejo de Administración de Ciespal. Otros cuatro funcionarios de esta y del Consejo de Educación Superior (CES) se contrataron de la misma manera.
Al respecto, Sierra indicó que la creación de esta secretaría “respondió a un convenio” de la institución con la Senesyct. Pero del supuesto convenio, señalaron los auditores, no encontraron rastro. “El Observatorio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior” Observasur, no fue objeto, ni constó en ninguna obligación de convenios financiados con recursos del Estado; así como, no existieron documentos que sustenten y avalen la creación del mismo”, dice el informe.
Según los detalles que arroja el documento, Ramírez, por concepto de su labor en esta dirección, recibió más de $ 37.000. Este no contestó a pedidos de información.
Asimismo, el documento halló pagos de $ 280.158 a cinco funcionarios que no constaban dentro del organigrama de Ciespal, y a los que se les creó puestos con la aprobación de la institución. De su labor, supuestamente relacionada a la comunicación interinstitucional, la Contraloría no halló respaldos ni justificativos.
Las respuestas tanto de Sierra como de los demás funcionarios de Ciespal son diversas. A lo largo del documento, varios reiteran que este es un ente internacional y no está obligado a responder ante la Contraloría. Esto se contradice con la Constitución que señala que las instituciones financiadas mayoritariamente con fondos públicos son sujetas a inspecciones. Este sí es el caso de la institución, cuya liquidez proviene en un 92 % del Estado.
Los exfuncionarios y empleados mencionados en el informe tendrán treinta días para hacer su desglose y justificar sus actuaciones con evidencias. Mientras tanto, la entidad alista un próximo taller de entrenamiento en medios para voceros institucionales.
Datos adicionales
La solicitud
El examen especial a la Contraloría fue solicitado por Gissela Dávila Cobo, quien asumió la dirección de Ciespal tras la salida de Sierra. Esta indicó a través de su departamento de comunicación que el pedido se hizo para verificar el estado de la entidad.
Sueldo en disputa
El informe cuestiona el pago de sueldos por $ 45.892 a Sierra cuando este se encontraba fuera del país y cuyas justificaciones nunca fueron presentadas. Adicionalmente, este cambió su modalidad de trabajo sin permiso y firmó su propio finiquito sin renunciar.
Pagos a privados
El documento cuestiona un pago de $ 168.587 a miembros de fundación Medialab, en Quito, una entidad en derecho privado y que no consta dentro de la estructura de Ciespal. También se establecieron deficiencias en un contrato con la empresa Siddartha Films de Quito, por $ 90.983.
Las laptops
Contraloría analizó la compra de 15 computadoras portátiles, adquiridas en $ 1.456 cada una. De estas, el equipo de auditores no encontró siete y tampoco halló las actas de entrega de las mismas o documentos sobre a quién fueron entregadas. Se encontró que una de estas fue vendida al exdirector por $ 470.
Fuente: expreso.ec
