Debate se polariza ante un nuevo rol de la Defensoría del Pueblo en comunicación
El papel de la Defensoría del Pueblo en la aplicación de la Ley de Comunicación polariza el debate en la Asamblea.
El presidente Lenín Moreno remitió el pasado 21 de mayo un proyecto con ochenta reformas a esta ley, una elimina la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y traslada la atribución de protección y restitución de derechos a la Defensoría del Pueblo.
Otras atribuciones que viene desarrollando la Supercom las otorga al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación, como la elaboración de informes técnicos sobre el análisis de posible contenido discriminatorio, violento o sexualmente explícito, que podrían ser remitidos a la Defensoría del Pueblo para que inicie de oficio las acciones correspondientes; y fomentar mecanismos para que los medios adopten procedimientos de autorregulación.
Según la propuesta del Ejecutivo, el ciudadano que se siente afectado, ofendido en el ejercicio de sus derechos a la comunicación y la protección de los mismos, puede presentar los reclamos y solicitudes a la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría podría actuar para precautelar los derechos de los periodistas si es objeto de censura previa en un medio de comunicación o autoridad estatal.
Pero está limitada a escuchar a las partes y tramitar el conflicto, si este persiste, puede activar el patrocinio en acciones constitucionales o solicitar el juzgamiento y la sanción ante la autoridad judicial.
En torno a estas nuevas atribuciones que tendría la Defensoría hay criterios poco coincidentes entre los legisladores.
El socialcristiano Vicente Taiano Basantes considera que el proyecto tiene incongruencias en función con lo que establece la Constitución sobre el rol de la Defensoría del Pueblo; y además debe haber el menor intervencionismo posible, pues si mañana un medio o un periodista comete un exabrupto, tanto en la legislación civil como penal, existen los mecanismos para acudir a presentar reclamos y pedir una sanción.
El Cordicom, añade, debe seguir existiendo pero como una entidad que genera políticas públicas en comunicación; pero otra cosa es pretender convertir a la Defensoría del Pueblo en una comisaría.
Guillermo Celi, legislador de SUMA, sostiene que hay que profundizar el debate sobre ese nuevo rol de la Defensoría.
Además se tendría que discutir sobre la despenalización de la injuria.
Roberto Gómez, del bloque de CREO, precisa que no solo hay que eliminar la Supercom, sino todas las competencias que tenía y no otorgándolas a otra entidad.
Considera que esa propuesta no es necesaria, pues el ciudadano puede acudir de manera directa a un reclamo judicial.
Y recuerda que siempre fue un planteamiento de CREO la tesis de que un ciudadano para que pueda defenderse que acudiera a la justicia ordinaria o a la Defensoría Pública.
Franklin Samaniego, antes de Alianza PAIS, estima que la Defensoría del Pueblo ya tiene atribuciones para actuar en la protección de derechos.
Resalta que lo que se plantea en el proyecto del Ejecutivo es activar estas atribuciones que sí existen entre sus facultades.
Fuente: eluniverso.com
