El gobierno de Nicaragua, que ha cerrado más de 3.300 organizaciones sociales en los últimos años,

clausuró la fundación católica Fraternidad Pobres de Jesucristo

en la que colaboraban cuatro monjas brasileñas que ya abandonaron el país, y ordenó el traspaso de sus

bienes a manos del Estado, se informó el martes a través del diario oficial La Gaceta.

Inscrita formalmente en Nicaragua en 2019, la asociación religiosa laboraba en el país desde hacía siete años

proporcionando alimentos y vestimenta a pobladores de comunidades pobres del departamento (provincia)

occidental de León, donde tenía su sede.

El cierre de la organización religiosa figura en un acuerdo ministerial suscrito por la titular de Gobernación

María Amelia Coronel Kinloch, en el que se indicó que la asociación religiosa no había renovado su junta directiva

desde 2021 ni había reportado sus estados financieros entre 2020 y 2022.

Los argumentos son similares a los aplicados a otras más de 3.300 ONG que fueron cerradas en los últimos años

por el gobierno de Daniel Ortega.

Directivos de varias ONG clausuradas han denunciado que desde 2020 el gobierno no les permitía

actualizar sus registros legales ante el Ministerio de Gobernación.

“La Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, con los incumplimientos referidos anteriormente, obstaculiza

el control y vigilancia” por parte de Gobernación y “no promueve políticas de transparencia en la administración

de los fondos que maneja”, señaló el texto oficial.

Además de disolver la Fraternidad Pobres de Jesucristo, el Ministerio de Gobernación dispuso la

confiscación de sus propiedades, al ordenar a la Procuraduría General de la República

“realizar el traspaso de sus bienes muebles o inmuebles” al Estado de Nicaragua.

La sede de la fundación católica situada en León, a 90 kilómetros de Managua, era administrada por

cuatro misioneras de nacionalidad brasileña, que

el lunes viajaron a El Salvador para continuar su labor religiosa en ese país, según

confirmó la propia congregación.

La salida de las monjas y el cierre de la ONG se producen tras largos meses de tensiones entre el gobierno

sandinista y la Iglesia católica, uno de cuyos obispos, monseñor Rolando Álvarez

cumple una condena de 26 años y cuatro meses de prisión en una celda de la cárcel Modelo de Managua.

El obispo Álvarez fue condenado en febrero pasado, tras negarse a ser deportado de Nicaragua junto a

222 “presos políticos” excarcelados y enviados en un avión a Estados Unidos, según lo confirmó

el propio presidente Ortega.

El mes pasado, el gobierno informó que investigaba a la Iglesia católica por ser parte de una presunta

“red de lavado de dinero” en coordinación con opositores políticos, y canceló varias cuentas bancarias

de parroquias y diócesis en distintas zonas del país.

Ortega ha acusado a la Iglesia de participar en las protestas sociales de 2018, que el gobierno

calificó como “un fallido golpe de Estado”.

En marzo pasado ordenó la “suspensión” de relaciones con el Vaticano y un año antes había expulsado del país

al nuncio apostólico Valdemar Sommertag, quien ofreció interceder por la libertad de los “presos políticos”. (I)

FOTO DE ARCHIVO: Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y crítico del presidente

nicaragüense Daniel Ortega, fue encacelado (REUTERS/Maynor Valenzuela/Archivo)

Fuente: evafm.net – infobae.com