Clínicas clandestinas, con la venia de la comunidad

En las seis cuadras siguientes del centro de rehabilitación, donde sucedió el incendio que cobró la vida de 18 internos, hay dos clínicas de rehabilitaciónirregulares más. “Esto es zona de clínicas clandestinas”, reconoce Édison Reyes, vecino de una de ellas.

Aunque según cálculos de Jenny Díaz, presidenta de la asociación de los centros de rehabilitación del Guayas, existe un centenar de clínicas de rehabilitación, después de la tragedia solo tres han sido clausuradas, incluyendo el sitio del siniestro.

Sin embargo, su cese de funciones divide a la comunidad. Para Reyes, por ejemplo, es necesario que estos centros sean manejados por el Estado. “El Gobierno debe poner clínicas de rehabilitación con espacios para distraer la mente en este sector porque hay bastante drogadicto”.

Para Mariana Alcívar, tía de uno de los fallecidos, estos centros clandestinos “no son clínicas, sino guaridas de ratones sin una ventana para recibir aire. Son injusticias con personas que buscaban mejorar su vida”, opina.

Con ella discrepa Ángel León, padre de un interno que huyó tras la clausura de uno de estos centros. “El gobernador quiso venir a pintar que era el bacán. Lo que hizo fue daño. Ahora no sé dónde está mi hijo y otros chicos ya están drogándose otra vez”, comenta tan indignado, que incluso pareciera que va a llorar.

A esta insatisfacción por el cierre de centros se suma Cristian Durango, cuya casa colinda con una clínica clausurada. “Allí incluso acogían muchachos que no tenían quien les pague”. Cuestiona también a las autoridades. “Por qué no vienen a ayudar a las clínicas para que mejoren sus condiciones. Podría ser con dinero, alimentos, medicinas, médicos para valoraciones. Recién se posesionan y ya quieren brillar”.

En los exteriores de la clínica clausurada Aenco, sitio donde detuvieron a cinco personas y ubicada en la 28 y la K, familiares de internos y jóvenes rehabilitados realizaron un plantón en contra del cierre.

Con carteles y alzando su voz en señal de protesta, estaba Mariana Zambrano, madre de un exadicto rehabilitado en ese centro. “Estamos aquí por los detenidos que nos tendieron la mano cuando el Gobierno nos cerró las puertas. A ellos, los mal llamados directores de la clínicas clandestinas, son los que nos recibían cuando no teníamos cómo pagar”.

Por su parte, en el sello de clausura sobre la ventana de la clínica incendiada no se señala falta de permisos como causa del cierre, sino que se lo adjudica al art. 97 del Código de Salud en el que se indica que “la autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de los desechos y residuos que afecten la salud humana”.

Alinton charcopa, sobreviviente

“Yo había pedido quedarme en la lagartera”

“Fue un momento de descuido. Cuando bajé estaba incendiándose el cuarto. Intenté abrir las puertas, pero no se podía porque no había llaves. Como yo sufro de asma tuve que salir, aunque los escuchaba. Gritaban pidiendo ayuda.

“ Lloré cuando los sacaban. Ese día pasé llorando toda la noche por mis amigos y mi director.

Tenía tres meses allí. Yo quería dejar la droga, pero no tenía fuerza de voluntad. Trabajaba y dormía en el tercer piso, ya dos días. Aunque había pedido quedarme en la lagartera por estar con mis amigos.

El ‘tío Orlin’ me decía ahijado, para el otro mes, estamos arriba con salas, proyector para que vean películas. Les pondré una mesa de billar y gimnasio. Tengamos fe que va a salir todo bien y mire cómo le pagaron. Ahora está preso, aunque no tenga la culpa. En estos días lo iré a visitar porque en el centro yo no pagaba.

Allí llegó un interno que había recaído. Su mamá lo había internado. El fue el que incendió la clínica”.

Sí, no teníamos como salir porque hay que estar así por cierto tiempo mientras se pasa el mono. No había maltrato y la comida era buena. Extraño la clínica.

Éramos cuatro los que nos hacíamos bromas y más nos llevábamos. Solo yo viví. Eso es porque Dios tiene un propósito para mí y es salir adelante. Quiero que mi hija sea mejor que yo”.

Costos

La atención legal, solo para ‘ricos’

Aunque el Estado tiene un plan para crear más centros especializados de tratamientos de drogas, centros públicos para la rehabilitación de adictos, la realidad es que en la actualidad estos funcionan solo en Pichincha y Guayas, y no superan los 300 cupos cada uno. En el Puerto Principal, 90 % de los centros legales son privados e ingresar supera los $ 500. Centros como la comunidadterapéutica ‘Aprender a vivir’ tienen un valor de $ 800 mensuales. El costo, aducen sus propietarios, se debe a la contratación de psicólogos, médicos y demás personal requerido para obtener la licencia estatal. Muchos de los centros ofrecen facilidades de pago con tarjeta de crédito, pero, con un sueldo básico de $ 394, la accesibilidad a estos espacios para familias de escasos recursos se dificulta o los obliga a endeudarse.

Fuente: expreso.ec