El presidente chileno Gabriel Boric logró el viernes la aprobación del Congreso para extender el estado de emergencia por cuarta ocasión

durante su gobierno en dos regiones del sur del país para que las fuerzas armadas sigan patrullando las carreteras ante una escalada de violencia

en esas zonas.

La medida, que estará en vigor por 15 días en toda la región de La Araucanía y en dos de las tres provincias del Biobío —600 kilómetros al sur de la capital chilena—

avanzó con los votos mayoritarios en la Cámara de Diputados y el Senado.

Algunos diputados oficialistas volvieron a votar en contra de la medida, que comenzó a regir en el anterior gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022)

ya que se oponen a lo que consideran una militarización de la zona.

En tanto, la oposición política solicitó extender el estado de excepción a otras regiones del país. 

Los problemas no partieron con la llegada del actual gobierno “ni para la delincuencia, ni para la migración, y mucho menos para La Araucanía”

señaló en su exposición de motivos la ministra de Interior, Izkia Siches, al argumentar que la violencia en esas zonas no comenzó con la llegada

al gobierno de Boric, el 11 de marzo.

Siches señaló que en cuatro años se pasó de 400 eventos de violencia a más de 1.700.

“Claramente, no nos fue muy bien”, dijo la ministra, quien detalló que desde mediados de mayo se han llevado más de 53.000 controles preventivos en la zon

y detenido más de 88 personas acusadas de robo de madera.

Agregó que también se desarticuló una banda criminal a la que se le adjudica la quema de más de cinco camiones.

Para el senador opositor Jose García Ruminot, las cifras muestran que el estado de excepción es “una herramienta útil que disminuye

los hechos de violencia”, a la vez que lamentó que esta herramienta no esté contemplada en la propuesta de texto para una nueva Constitución que los chilen

deben aprobar o rechazar en el plebiscito del 4 de septiembre. (I)

Fuente: evafm.net