Bienes incautados: diez años de un manejo entre sombras
Diez años después de que el Estado iniciara la confiscación de bienes vinculados a grupos bancarios, el manejo, los resultados administrativos y las condiciones del total de empresas enajenadas siguen dejando interrogantes.
En todo ese tiempo, los derechos, atribuciones y obligaciones sobre esos activos han pasado por manos de cuatro organismos gubernamentales.
Hasta 2015 y bajo responsabilidad del Banco Central del Ecuador (BCE), el último depositario, se encontraban 11.120 bienes incautados, cuya cuantía tampoco se había establecido en su totalidad.
De estos, 1.040 correspondían a paquetes accionarios de compañías, según reportó la entidad en una acción de control de la Contraloría.
Hasta esa fecha, 944 de ellas estaban registradas como propiedad del Estado en el 100 %.
Hoy, una parte del total de los activos se encuentra en el fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, constituido en 2009 para la administración y venta de bienes incautados relacionados con los grupos Isaías y Peñafiel, propietarios de los desaparecidos Filanbanco y Banco de Préstamos. Esa encomienda de bienes la administra la Corporación Financiera Nacional (CFN).
Otro grupo de 11 empresas de medios de comunicación, que pertenecieron a los Isaías, están en posesión de la Empresa Pública Medios Públicos.
La Contraloría tiene en marcha cuatro exámenes a operaciones administrativas y financieras del fideicomiso. Hasta ahora ha excluido una acción de control sobre todas las compañías incautadas activas, inactivas, en liquidación, canceladas y aportadas al fideicomiso.
Cuando el gobierno de Rafael Correa ordenó las confiscaciones, la oferta fue indemnizar al Estado y a los depositantes con la venta de los bienes. Hasta el cierre de este reportaje ni el Banco Central ni la CFN proporcionaron información que EXPRESO formalmente solicitó sobre la recepción, administración, valoración y disposición de los bienes incautados.
A septiembre del presente año, el fideicomiso tenía activos por $ 100 millones y pasivos por $ 30 millones, de acuerdo con un informe de rendición de cuentas de esa entidad, con corte a junio de 2018 (ver infografía).
Dentro de los activos, hay documentos y cuentas por cobrar de empresas aportantes por $ 28,1 millones. Son pendientes de cobro con asientos contables, en su mayoría, de los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Pertenecen a las compañías San Nicolás (Grupo Peñafiel) y al ingenio azucarero EQ2, EICA, Megagraf, Maxigraf, Uminasa, Intradeca, Morlantex, Indulana, Metromovil, Intercontinental de Materiales IMC y Equinoxcorp (Grupo Isaías).
Entre sus activos, el fideicomiso tiene inscritos paquetes y participaciones accionarias de 99 compañías -hoy casi todas en liquidación- por un total de $ 17’026.040,68.
De esos paquetes, 89 ($ 16’747.594,84) le fueron enajenados al Grupo Isaías y 10 ($ 278.445,84) al Grupo Peñafiel.
Menos de diez liquidadores han sido asignados por la CFN para la administración de casi el centenar de compañías en camino a la disolución.
Pero su manejo ha merecido desaprobaciones de la misma entidad.
Así lo confirman 21 oficios que la gerencia de Administración Fiduciaria de la CFN dirigió en 2017 a varios liquidadores con llamados de atención sobre el uso de recursos entregados por el fideicomiso. Los documentos constan en el último reporte de rendición de cuentas remitido al Banco Central.
Este Diario acopió documentación sobre una irregular negociación de paquetes accionarios que involucran a cuatro de esas compañías en liquidación (ver subnota).
Sobre esas empresas incautadas, desde 2008 pesan medidas cautelares que prohíben la negociación y transferencia de sus acciones.
La denuncia de este reciente caso llegó hasta las autoridades de la CFN.
“Los liquidadores no pueden vender las empresas ni las acciones porque legalmente está prohibido”, corrobora Jorge Zavala Egas, procurador judicial de Roberto y William Isaías, expropietarios de Filanbanco, quienes reclaman al Estado la devolución de los bienes.
En 2016 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió en Ginebra (Suiza) un dictamen sobre esa confiscación, ante una denuncia contra el Estado presentada por los Isaías. Ambas partes litigantes alegaron que el fallo les favoreció.
Para la Procuraduría General del Estado, el comité de la ONU no determinó ninguna violación respecto a las incautaciones como tal, ni se refirió a su legalidad o validez jurídica.
El pasado 20 de julio, un juez dictó a favor de los exbanqueros medidas cautelares que impiden la subasta y venta de los activos enajenados.
Esa decisión fue judicialmente ratificada en fechas posteriores.
Según Zavala, el dictamen de Ginebra obliga a una reparación integral por la vulneración de los derechos de sus defendidos.
Esto, según el abogado, significa la devolución de los bienes.
La intención también es cobrar al Estado los activos que fueron vendidos. “No se lo hará a los adquirentes.
Los consideramos compradores de buena fe, por tanto contra ellos no ejerceremos acciones”, adelanta el procurador de los Isaías.
Hace tres años, como activos incautados, el Estado tenía registrada la propiedad de 426 inmuebles y 9.423 bienes muebles.
La desaparecida Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad (Ugedep) había transferido 351 predios regularizados al Ministerio de Agricultura, Inmobiliar, la Secretaría de Comunicación (Secom) y la Secretaría del Agua (Senagua).
El Banco Central, de su parte, reportó que el año pasado culminó la transferencia de 970 bienes inmuebles a Inmobiliar y al Ministerio de Agricultura.
Fuente: expreso.ec
