La Asociación de Bancos Privados (Asobanca) de Ecuador denunció este 4 de febrero lo que considera un trato
«discriminatorio» en el análisis de mecanismos para financiar la lucha emprendida por el Gobierno contra el crimen organizado.
Apuntó que los temas de seguridad y el combate al terrorismo convocan a todos los ecuatorianos a unirse y apoyar al Estado.
Y, aunque los bancos dicen estar dispuestos a apoyar esa lucha, rechazan que en el proyecto de reforma tributaria que se discute
en la Asamblea Nacional, se plantee una contribución al sector productivo en general.
«pero a la banca se le pretende dar un trato distinto y discriminatorio».
No podemos aceptar que se le quiera cargar sobre sus hombros, el peso de lo que debe ser una contribución constituida bajo
principios de proporcionalidad racional y equidad entre los diversos sectores empresariales, y no bajo criterios políticos de odio
y discriminación» señala en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X.
La Asobanca denunció que, pese a solicitarlo por dos ocasiones, no fueron recibidos para comparecer en el seno de la comisión
especializada de la Asamblea, lo que afectó su derecho de expresar sus argumentos y ocupaciones.
Especialmente -agregó- «de alertar sobre el pernicioso daño que el proyecto generará en el acceso a crédito a miles de empresas
y familias ecuatorianas».
Con menos crédito, habrá menos empleo, menos oportunidades para todos, menor crecimiento económico «e, irónicamente, menos
recaudación tributaria», alertó.
«¡Ya basta de sustentar iniciativas legislativas en sesgos ideológicos e información falsa que afectan la solidez financiera de les bancos!»
subrayó al asegurar que el sistema financiero es «el más regulado» de la economía y el que «más impuestos paga al Estado en relación
con su tamaño».
La Asobanca cuestionó que, por un lado, se anhela que lleguen nuevas inversiones al país, y por otro, «se crean todos los escenarios de
arbitrariedad e inseguridad jurídica, que hoy afectan a la banca privada, pero que mañana podrían afectar a cualquier otro sector
productivo».
Los bancos alertan que, de aprobarse el que llaman «impuesto confiscatorio», la carga fiscal «se elevará al 76 %, afectando su solvencia
patrimonial y consecuentemente, reducirá su capacidad de generar crédito en un valor cercano los USD 4.000 millones». (I)
Fuente: evafm.net – primicias.ec
