La comisión ocasional del caso Encuentro está por terminar su trabajo de investigación y el panorama

pinta complicado para el Gobierno.

Entre las recomendaciones, los legisladores analizan incluir un pedido de juicio político contra el presidente

Guillermo Lasso.

El borrador del informe estará listo para el miércoles 22 de febrero, y se votaría a más tardar

el jueves 23, según la presidenta de la comisión, Viviana Veloz, de Unión por la Esperanza (UNES).

La clave estará en las recomendaciones, pues los legisladores hablan de una presunta responsabilidad política

de Lasso en el caso.

Estas se enfocarían en solicitar un juicio político, aunque la causal todavía no está bien definida.

La investigación del caso Encuentro surgió tras las acusaciones del medio digital La Posta de una supuesta red

de corrupción en las empresas públicas.

Allí apareció el nombre de Danilo Carrera, el cuñado del Presidente, quien presuntamente gestionaba cargos públicos.

 

Este 13 de febrero, el mismo medio reveló ante la comisión ocasional nueva información que vincularía a Rubén Cherres

supuesto intermediario de Danilo Carrera, con un empresario albanés con presuntos vínculos con el narcotráfico.

El argumento de fondo:

Aunque queda una semana para la definición del informe de la comisión sobre el caso Encuentro, los legisladores ya adelantan

sus puntos de vista sobre los hallazgos de la investigación.

De momento, hay un consenso entre las distintas bancadas: no sería aplicable un nuevo intento de “muerte cruzada”

desde la Asamblea.

Según la Constitución, esta opción solo se puede aplicar por una vez en el periodo presidencial, y ya se la utilizó durante

el paro nacional de junio de 2022, sin que se logren los votos para destituir a Lasso.

La opción entonces sería un juicio político contra el Presidente.

Las bancadas toman posiciones:

UNES:

sí habría una responsabilidad de Lasso que podría llevar al juicio político.

Ferdinan Álvarez, miembro de esta bancada, señaló que “en lo político, podemos determinar que la responsabilidad sí alcanza

a altas esferas gubernamentales, y el Presidente sí estaba enterado”.

PSC:

no adelantan posiciones. Pedro Zapata, miembro de esa bancada en la comisión ocasional, dijo que hay que analizar las pruebas

y “todo es posible”.

“La Constitución tipifica algunos comportamientos del Presidente, pero lo relevante irá en el informe”, añadió.

Izquierda Democrática:

Wilma Andrade señaló que aún no hay algo en la investigación que implique directamente al presidente, aunque sí cree que hay

pruebas de que hubo tráfico de influencias y que se debe indagar más en el financiamiento de la campaña.

Pachakutik:

son más cautos. Mario Ruiz sostuvo que su bancada no apoyará un juicio político porque el Presidente podría adelantarse

y disolver la Asamblea, aplicando la “muerte cruzada” desde su lado.

“Nosotros exigimos transparencia, pero no nos vamos a prestar al jueguito de dejarle a este Presidente unos seis u ocho meses

en el poder gobernando sin oposición”, agregó.

Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) defienden que no hay nada que conecte lo denunciado contra Lasso.

Ana Belén Cordero incluso señaló que el informe filtrado por La Posta es parte de una investigación previa que fue archivada

por pedido de la Fiscalía, con la venia de un juez, algo en lo que el Ejecutivo no tuvo nada que ver.

Juicio político contra el Presidente:

La Constitución establece la posibilidad de que la Asamblea enjuicie políticamente al Presidente por tres causales:

Por delitos contra la seguridad del Estado.

Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

En ninguno de estos casos, es necesario un enjuiciamiento penal previo.

El trámite comienza con una solicitud de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea, es decir 46 asambleístas.

En la solicitud, se debe incluir la formulación por escrito de los cargos atribuidos al Mandatario.

Si la Corte Constitucional emite un dictamen de admisibilidad, el presidente de la Asamblea tiene tres días para ponerlo nuevamente

en conocimiento del CAL, y este organismo debe enviar el trámite a la Comisión de Fiscalización.

Esa mesa legislativa tiene un plazo de hasta 30 días para presentar su informe, que deberá recomendar o no el enjuiciamiento político

en el Pleno:

10 días para que el Presidente ejerza el derecho a la defensa.

10 días para la actuación de pruebas.

10 días más para la elaboración del informe.

Con el informe, el presidente de la Asamblea, en hasta cinco días, debe convocar al Pleno para el enjuiciamiento político al

Primer Mandatario.

Para la aprobación de la moción de censura al Presidente, se requiere el voto de la mayoría calificada de los integrantes

de la Asamblea Nacional, es decir 92 votos. (I)

Fuente: evafm.net