Afectados por el 30-S piden reabrir sus casos para que se haga justicia
Menos de siete meses han sido suficientes para que tambalee la teoría que manejó el gobierno de Rafael Correa, por casi ocho años, sobre que en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S) hubo un intento de magnicidio y un fallido golpe de Estado.
Ahora, quienes han sido procesados en casos relacionados con estos hechos buscan que la Asamblea y el Consejo de la Judicatura los revisen, pues creen que sus sentencias fueron parte de una “persecución política” para justificar la hipótesis.
El decreto Nº 22, del 10 de junio de 2013, con el que Correa creó la Comisión de Investigación del 30-S, explicaba que ese día “se produjo un intento de magnicidio dentro de un frustrado golpe de Estado maquinado para lucir como una protesta laboral protagonizada por miembros de la Policía”.
Óscar Ayerve, presidente de la Asociación de Víctimas del 30-S, afirma que esa premisa fue parte de “una gran farsa”, que buscó justificar un fraude que terminó, mediante la “adulteración de documentos y falsificación de videos”, afectando a personas inocentes.
Cifras emitidas en 2017 por el exfiscal Galo Chiriboga, en cuya administración se manejaron la mayoría de casos –de julio del 2011 a mayo del 2017– hablan de que se abrieron 25 procesos a nivel nacional. En Pichincha se iniciaron 14 casos, mientras que en Guayas y El Oro le siguieron con dos casos cada una.
El ahora expolicía Eduardo Mullo, quien fue sentenciado a 12 años de cárcel junto a cinco compañeros más por tentativa de magnicidio contra Correa, asegura que hubo irregularidades judiciales. Insiste en que la Fiscalía nunca presentó pruebas contundentes del delito y, reflexiona que cómo él podría haber atentado contra el presidente si no tenía armas.
Mullo goza de una prelibertad, luego de haber cumplido 4 años, 11 meses y 9 días en la cárcel. Cree que cosas así no podían haber sucedido años atrás, porque jueces y fiscales permanecían sumisos al poder.
Según la Asociación de Víctimas del 30-S, unos 250 jueces conocieron en distintas fases sus casos y a ellos se deben sumar también los fiscales que investigaron, formularon cargos e iniciaron las instrucciones fiscales por al menos 15 delitos.
A finales de febrero, un documento de la investigación que Contraloría hizo a la Senain y en el cual se encontró relación con la Comisión del 30-S, sirvió a los afectados para afirmar que se “usaron fondos públicos para adulterar documentos y videos para perseguir inocentes”.
La posesión del transitorio Consejo de Participación Ciudadana, en marzo; la censura y destitución en abril del exfiscal Carlos Baca, quien fue parte de la Comisión del 30-S, y la cesación de la Judicatura, en junio, alentaron a las víctimas del 30-S a pedir “verdadera justicia”.
El coordinador jurídico del movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, no se opone a que se reinvestiguen los casos, pero aclara que debe ser sin ‘direccionamiento’.
Cree que todo está viciado, ya que el fiscal Paúl Pérez ha demostrado que sirve como un instrumento de persecución.
“El 30-S fue planificado: quién lo hizo, qué se buscaba, cuánto tiempo se pensaba mantener la acción de hecho y para qué esa acción. La hipótesis es que se buscaba provocar inseguridad, que genere una crisis política y nos lleve a una situación de conmoción social para afectar al Gobierno”, explicó.
Para Hernández, la implicación de Correa con la investigación de una presunta ejecución extrajudicial del policía Froilán Jiménez, asesinado en la evacuación del Hospital de la Policía, es parte de un plan de persecución. (I)
Fuente: eluniverso.com
