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Daniel Noboa decreta estado de excepción en 10 zonas

El segundo decreto del presidente Daniel Noboa en 2025 fue para declarar estado de excepción en siete provinciasdos cantones

y el Distrito Metropolitano de Quito.

 

El 2 de enero, mediante decreto ejecutivo 493, el primer mandatario ratificó el estado de grave conmoción y conflicto armado

interno para disponer la medida que durará 60 días en:

 

Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, Distrito Metropolitano de Quito, Cantón La Troncal, en Cañar

Cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.

 

El Gobierno respalda la medida exponiendo noticias publicadas en un medio de comunicación digital; un informe de justificación

del 25 de noviembre al 25 de diciembre de 2024, entre otros documentos.

 

En ellos «se detallan las emergencias ciudadanas reportadas y coordinadas, relacionadas con el ámbito de seguridad ciudadana».

Y agrega que grupos armados han dinamizado su accionar y ahora utilizan «otros métodos macabros amenazantes«.

como lo ocurrido en Portoviejo, donde «extremidades de un cadáver fueron dejados en varios lugares públicos de la ciudad».

 

La medida también se fundamenta en el incremento de actos violentos, muertes, lesiones y ataques a efectivos militares y policiales

especialmente en siete provincias:

 

¿Qué contempla el estado de excepción?

El decreto 493 determina que el estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días, a partir de su suscripción; es decir, hasta el

próximo domingo 2 de febrero.

El Gobierno estima ese tiempo como el adecuado para mitigar los hechos violentos y apoyar a las Fuerzas Armadas en sus planes.

 

La restricción de la libertad de tránsito está suspendida todos los días, por 60 días, desde las 22:00, hasta las 05:00

en los siguientes cantones y/o parroquias:

 

  • Guayas
  • Los Ríos
  • Manabí
  • Orellana
  • Santa Elena
  • El Oro
  • Sucumbíos
  • Distrito Metropolitano de Quito
  • Cantón La Troncal, en Cañar
  • Cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay

 

El Gobierno respalda la medida exponiendo noticias publicadas en un medio de comunicación digital; un informe de justificación

del 25 de noviembre al 25 de diciembre de 2024, entre otros documentos.

 

En ellos «se detallan las emergencias ciudadanas reportadas y coordinadas, relacionadas con el ámbito de seguridad ciudadana».

 

Y agrega que grupos armados han dinamizado su accionar y ahora utilizan «otros métodos macabros amenazantes»

como lo ocurrido en Portoviejo, donde «extremidades de un cadáver fueron dejados en varios lugares públicos de la ciudad».

 

La medida también se fundamenta en el incremento de actos violentos, muertes, lesiones y ataques a efectivos militares y policiales

especialmente en siete provincias:

 

Se suma el cantón Loreto, en Orellana, además de Shushifindi y Lago Agrio, en Sucumbíos.

 

En todas estas zonas, las personas que circulen durante el horario temporal de restricción serán puestas a órdenes de las autoridades

competentes.

 

Están exentos servidores de la red de salud pública y privada; seguridad y fuerza pública, servicios de emergencia vial.

los servidores públicos de la Presidencia, Vicepresidencia y los ministerios de Gobierno, del Interior, de Defensa Nacional

Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, Asamblea Nacional

y cuerpo diplomático acreditado en el país.

 

También los funcionarios de sectores estratégicos, servidores de la función electoral, comunicadores, personas que deban

trasladarse desde y hacia aeropuertos por vuelos programados dentro del horario de restricción de la libertad de tránsito, y los vehículos

que movilicen a estos pasajeros.

Todos deberán estar debidamente acreditados.

  • Inviolabilidad de domicilio

 

Por los próximos 60 días, el derecho a la inviolabilidad de domicilio está suspendido en:

Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos; el Distrito Metropolitano de Quito, y los cantones La Troncal

y Camilo Ponce Enríquez.

 

Con ello, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán realizar inspecciones, allanamientos y requisas en lugares donde

se presuma que se ocultan miembros de grupos armados organizados. (I)

 

Fuente: evafm.net – ecuavisa.com