La ley de lavado de activos creó el marco legal para el uso de activos virtuales como las criptomonedas, reconoce
que se utilizan en el país y regula a las plataformas o empresas que las intercambian con dólares.
Según el economista León Padilla, docente de la UDLA, esto no implica que con ellas se pueda comprar cosas
como se hace, por ejemplo, en El Salvador. Aquí el dólar es la única moneda de curso legal.
La norma dispone que los proveedores de criptoactivos cumplan las mismas regulaciones que los emisores de
tarjetas de crédito, por ejemplo:
una licencia de la Superintendencia de Bancos bajo los parámetros que disponga la
Junta de Política y Regulación Monetaria.
Además, esas empresas deben entregar reportes a la Unidad de Análisis Financiero como operaciones sospechosas
transacciones de más de USD 10 mil y otra información.
Según informó el director de la UAFE, José Julio Neira, a una radio, la intención no es limitar el
uso de criptomonedas, sino controlarlo, porque las autoridades han identificado que son utilizadas por el
crimen organizado para sus actividades ilícitas como pornografía infantil.
León Padilla asegura que eso ocurre porque son difíciles de rastrear.
Tampoco hay cifras claras de cuanto se mueve en el país en criptomonedas.
La empresa Estadounidense Chainanlysis indicó que entre 2022 y 2023 en Ecuador se habrían movido
USD 7 mil millones en activos virtuales; sin embargo, el Banco Central lo descartó debido a que eso habría
implicado una salida atípica de divisas y reducción de las reservas internacionales. (I)
Fuente: evafm.net – ecuavisa.com
