La Comisión de Fiscalización se instaló este 13 de diciembre de 2023, para finalmente resolver sobre los seis procesos
de juicio político que estaban pendientes desde antes de la muerte cruzada.
Y en esta ocasión, el correísmo logró su objetivo de alterar el orden de los procesos, y adelantar los que son de su interés.
La sesión comenzó con polémica.
La asambleísta Adriana García (Gente Buena) aseguró que los otros ocho legisladores
de la comisión (de Revolución Ciudadana, el PSC y ADN) ya habían pactado archivar los seis juicios políticos.
«¿Qué decidieron y qué hicieron? No lo sé», aseguró.
En esta nueva y apurada, en la que se votó moción tras moción, el correísmo consiguió alterar el orden de los juicios
políticos sin problema:
El primer juicio pendiente era el del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Aquí, la Comisión aprobó suspender el trámite de este proceso dado que la institución está en medio de unas elecciones
para juntas parroquiales rurales.
En el segundo caso, el juicio político contra Patricio Carrillo, Diego Ordóñez y Paola Flores, por el caso María Belén Bernal
la Comisión resolvió archivar el proceso por desistimiento de sus proponentes:
el exasambleísta Héctor Vanegas y la reelecta Sofía Sánchez.
En los otros cuatro juicios políticos, los asambleístas que los propusieron no lograron la reelección.
Por ello, la bancada oficialista ADN propuso que el Pleno decida quiénes serían los nuevos interpelantes de estos procesos
pero no alcanzaron los votos.
Sobre los dos juicios contra el exministro de Transporte, Darío Herrera, la comisión no aprobó enviarlos al Pleno, y, en cambio
fueron archivados.
En cuanto al proceso contra el exministro de Inclusión, Esteban Bernal, Fiscalización sí aprobó que el Pleno decida un nuevo
interpelante.
Lo mismo sucedió en el juicio político contra el vocal de la Judicatura, Juan José Morillo, y el expresidente de esa institución
Fausto Murillo; la Comisión resolvió enviarlo al Pleno de la Asamblea para que decida qué hacer.
Con esta decisión, se adelantarían los procesos planteados en la actual Asamblea. Estos son contra:
El exministro de Energía, Fernando Santos, por la crisis energética.
El exministro del Interior, Juan Zapata, por la crisis de inseguridad.
La fiscal general, Diana Salazar, por una supuesta «selectividad» en la justicia.
Contra tres vocales del Consejo de la Judicatura (aún falta la calificación del CAL). (I)
Fuente: evafm.net – primicias.ec
