El debate sobre la desinformación es cada día más intenso en Brasil.
Hace unos días, Sergio Moro, del partido Unión Brasil, presentó un proyecto de ley para eliminar la
Fiscalía Nacional de Defensa de la Democracia.
Para Moro, ex juez símbolo de la operación Lava Jato que destapó en 2014 el escándalo de corrupción en Brasil
y ahora senador, este nuevo órgano creado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para
“combatir la desinformación sobre las políticas públicas” es una peligrosa herramienta para silenciar a la oposición
y las críticas en un debate plural.
“La palabra desinformación”, dijo Moro, “se refiere a un concepto voluble que puede ser burlado ideológicamente”.
Este órgano, según Moro, “puede servir de base para instrumentalizar la censura política
contra los que se oponen al gobierno”.
Las recientes declaraciones del presidente Lula y de su Partido de los Trabajadores (PT) calificando a los jueces
de la Lava Jato de “grupo criminal” y el impeachment de la ex presidenta Dilma Rousseff de “golpe”
no hacen más que alimentar las dudas compartidas incluso por la prensa brasileña sobre el riesgo de arbitrariedad
en la lucha contra la desinformación con la creación de este orwelliano
“Ministerio de la Verdad”. Moro no está solo en su batalla.
Otros dos diputados, José Mendonça Filho, de Unión Brasil, y Eduardo Girão, del partido Novo, han promovido
proyectos de ley para eliminar por decreto esta Fiscalía creada el mismo día de la toma de posesión de Lula, el 1 de enero.
El punto clave de la polémica y de los proyectos de ley que se oponen a ella reside en el hecho de que no existe una definición
del concepto de desinformación en el ordenamiento jurídico brasileño.
Por tanto, es lógicamente imposible que un ministerio público combata algo que no está reconocido por la ley.
La Fiscalía Nacional de Defensa de la Democracia no es más que una de las muchas iniciativas del nuevo gobierno
para combatir las fake news, en un país que aún no ha olvidado el abuso de la censura durante los años de la dictadura.
Y si el problema de la lucha contra la desinformación es mundial, sólo en Brasil ha intervenido el
Supremo Tribunal Federal (STF) para multar con millones de dólares a las plataformas
que se niegan a retirar contenidos.
Fue, por ejemplo, el caso de Telegram, que ignoró una decisión de la justicia brasileña de suspender el canal del diputado
más votado del país, el bolsonarista Nikolas Ferreira, juzgada por Telegram
“como una decisión indebida, irregular y desproporcionada”.
Por ello, la plataforma fundada en 2013 por los hermanos rusos Nikolai y Pavel Durov prefirió pagar una multa de
1,2 millones de reales, 232.000 dólares.
Tribunales regionales como el de Río de Janeiro también han impuesto recientemente fuertes multas como la de
14,5 millones de reales casi 3 millones de dólares, contra Twitter por no comunicar los datos del propietario del perfil
que publicó informaciones falsas contra el hoy diputado del PT Marcelo Freixo durante la campaña electoral. (I)
Fuente: evafm.net – infobae.com
