Los gobiernos de Sudamérica no pueden evitar la pesca ilegal china
En julio de 2020, la Armada ecuatoriana detectó una flota de aproximadamente 250 buques pesqueros de bandera china
justo fuera de la Zona Económica Exclusiva de las Islas Galápagos.
Según la revista estadounidense The National Interest, la flota permaneció allí durante varias semanas y sus barcos apagaron
sus sistemas de localización legalmente requeridos por varias horas.
La presencia de los navíos chinos no significó la primera vez que los países sudamericanos se enfrentaron a pesca ilegal
no declarada y no reglamentada (INDNR) en sus costas.
De todos modos, el episodio del año pasado generó amplio rechazo porque las Galápagos son un territorio único considerado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Según The National Interest, es posible que la tensión entre Estados Unidos y China juegue un papel fundamental en la creciente consideración
de la pesca INDNR como una amenaza para la seguridad nacional de la región.
Tras el incidente en las islas, el Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) expresó su firme apoyo a los esfuerzos ecuatorianos
contra la pesca ilegal.
Poco tiempo después, el por entonces Secretario de Estado Mike Pompeo criticó al régimen chino
y le exigió que aplicara una política transparente de tolerancia cero con la pesca ilegal.
A partir de entonces, distintos actores gubernamentales se han esforzado por luchar contra la pesca INDNR.
Entre ellos Estados Unidos, que apoyó iniciativas específicas destinadas a reforzar las capacidades de patrullaje, porque ahora la pesca ilegal
también se considera una amenaza a la seguridad nacional.
La industria pesquera es una actividad históricamente muy extendida.
Hace cien años capturaba y producía poco más de 20 millones de toneladas, mientras que en 2018 la cifra creció hasta los 180 millones.
Al mismo tiempo, también se incrementó la pesca INDNR.
Se calcula que genera entre 10.500 y 36.400 millones de dólares y representa aproximadamente entre el 14 y el 33% del total de las capturas de pescado
según The National Interest.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada actúa en violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). (I)
La Convención afirma y sostiene los siguiente:
Los países son responsables de sus barcos y de asegurarse de que cumplan las leyes nacionales e internacionales.
También conocida como la “Constitución del Mar”
establece la jurisdicción de las naciones sobre sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), que se extienden hasta 200 millas (321 kilómetros) desde tierra firme.
Dentro de ese espacio, sólo los Estados pueden administrar y explotar legítimamente los recursos naturales
a través de empresas locales o concediendo licencias a agentes extranjeros.
La pesca ilegal suele llevarse a cabo en la frontera de la ZEE, con buques operando en aguas internacionales y, en ocasiones, penetrando en la ZEE.
Pese a que históricamente la preocupación de la pesca INDNR tenía exclusivamente motivos económicos, ahora también está en el ojo de la tormenta por
daños al ecosistema, los medios de vida de los pescadores locales y las violaciones a los derechos humanos.
La pesca INDNR amenaza la seguridad nacional al estar directamente relacionada con el tráfico de especies silvestres, narcóticos y personas.
Además, favorece el terreno para el crimen organizado al atacar las economías locales y a la seguridad alimentaria.
Según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2011, las flotas de aguas lejanas a menudo dependen del trabajo forzado
y los buques pesqueros se utilizan como barcos nodriza para el contrabando de drogas y armas. (I)
Fuente: evafm.net
