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Sebastián Piñera involucrado en caso “Pandora Papers”

Un grupo de parlamentarios chilenos está estudiando la posibilidad de presentar una acusación constitucional

en contra del presidente Sebastián Piñera, luego de que se descubriera que el mandatario habría participado en un acuerdo

de compraventa por una minera en un paraíso fiscal.

Según una megainvestigación internacional denominada “Pandora Papers” llevada a cabo por el

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en conjunto con el Centro de Investigación Periodística (Ciper)

y LaBot, las familias Piñera y Délano habrían sellado en 2010 un acuerdo de compraventa de la minera Dominga

 en las Islas Vírgenes Británicas, ubicadas en el Caribe.

 

La minera Dominga es un resistido proyecto minero chileno ubicado en la región de Coquimbo, al norte de Santiago.

Este proyecto pertenece a la empresa Andes Iron controlada por la familia Délano

y quiere construir dos minas para la extracción de concentrados de hierro y cobre, y un megapuerto para exportar su producción.

Esto pretende situarse en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt

en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

El trato firmado por ambas familias habría ocurrido en 2010 cuando el mandatario

y su familia eran los mayores accionistas del proyecto minero ocupando el 33% de sus acciones.

En diciembre de ese año el empresario chileno Carlos Alberto “Choclo” Délano decidió comprar por USD 152 millones

el porcentaje de todos los socios de Dominga, incluida la parte que manejaba el presidente Piñera.

 

El acuerdo de compra consistía en tres cuotas y la operación se selló mediante un acta firmada por

USD 14 millones, y otra en las Islas Vírgenes Británicas por USD 138 millones.

Las primera cuota vencía el 10 de diciembre de 2010 y tenía un valor de USD 106,8 millones, la segunda era de USD 21 millones

mientras que la última era de USD 9,9 millones y se cancelaría solo si

“no cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero”.

Es decir, el pago de esta última cuota dependía de que “el sector no se transformara en una zona de exclusión

 o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional, lo que irremediablemente impediría el desarrollo del proyecto Dominga en esa área

así como la construcción de un puerto a 50 kilómetros de distancia”.

Este escenario recayó en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera el que ocurrió desde marzo de 2010 a marzo de 2014.

 En su primer gobierno Piñera anunció el cambio de ubicación de la central termoeléctrica Barrancones que se situaría en este mismo sector.

“He acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta Choros

 Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese santuario de la naturaleza”, dijo el presidente Piñera en ese entonces.

 

Acusación constitucional:

La información revelada por los “Pandora Papers” desató que un grupo de parlamentarios anunciara una posible acusación constitucional

en contra del presidente Piñera por este nuevo escándalo.

Una acusación Constitucional es una herramienta que busca las responsabilidades de funcionarios públicos

 acusados de cometer infracciones constitucionales, lo que termina en el peor de los casos con inhabilitaciones o destituciones.

Para el subjefe de la bancada del partido político Democracia Cristiana (DC), Gabriel Silber

“es altamente grave que el Presidente Piñera haya sujetado la aprobación de un permiso ambiental a una operación económica

 de la cual participa o tiene interés de carácter directo, esto pone en entredicho la independencia de la autoridad del Presidente de la República”.

El diputado Marcelo Díaz dijo que esta información “es extremadamente grave, porque confirma que el Presidente Sebastián Piñera

usa la institucionalidad del Estado en beneficio propio, en este caso, para incrementar su ya abultado patrimonio, su enorme fortuna”.

 

Defensa de la presidencia de Chile:

Por medio de un comunicado de prensa, La Moneda salió a defender al presidente Piñera manifestando

 “que los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados

 en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía

recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del

Presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”.

El Presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga

 operación que se produjo en el año 2010, cuando el Mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas”, dijo el gobierno.

 

En una defensa personal en el Palacio de La Moneda durante este lunes, el mandatario aseguró que “la decisión de vender minera Dominga

no me fue consultada ni informada”.

y que “no es cierto que haya información nueva, la información está conocida en el proceso; les puedo enviar los recortes de prensa”. (I)

 

Fuente: evafm,net