Ecuador afrontará problemática de abusos sexuales en espacios educativos con una estrategia interinstitucional

Quito, 6 nov (Andes).- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, encabezó este lunes una reunión con representantes de diversas funciones del Estado, en la que se acordó instalar una mesa de trabajo interinstitucional para afrontar de forma ágil y articulada la problemática de la violencia sexual contra menores de edad en el país, en particular en los espacios educativos.

Desde el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, el mandatario ecuatoriano se refirió al inicio de una campaña de sensibilización y de prevención de este fenómeno, denominada ‘Más unidos, más protegidos’, luego de las denuncias de casos ocurridos en instituciones educativas del país.

«Si es que los niños están unidos, si es que los padres están unidos, definitivamente, sentiremos que los violadores, los acosadores, los abusadores se van a sentir arrinconados», señaló el Jefe de Estado al instar a las diversas funciones a enfrentar de forma coordinada este fenómeno que, dijo, ha causado «estupor» en la sociedad ecuatoriana.

El ministro de Educación, Fánder Falconí, indicó que solo en este ámbito se registran 918 denuncias desde 2013, de las cuales el 35% ocurrieron fuera del sistema educativo, y el 65% restante al interior de este;  mientras el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, precisó que esa función registra unas 4.000 denuncias en los dos últimos años, fundamentalmente, en etapa de indagación.

Falconí refirió que en la política de tolerancia cero que seguirá esta cartera, como parte de una acción concertada del Estado, se precisa generar acciones de prevención, información y restitución de derechos en los casos reportados para que no haya un solo caso de niño/a abusados.

«Creo que lo más importante de esta reunión es generar la corresponsabilidad del  Estado en sus diferentes ámbitos», apuntó a señalar la necesidad de generar una pronta acción en el sistema educativo frente a esta situación y de agilizar en toda su dimensión los aspectos judiciales.

En particular mencionó la importancia de revisar con urgencia una transitoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, según la cual una denuncia fenece a los 90 días.

El titular de Educación señaló que, por un lado, se van abrir todos los canales de información desde el Ministerio de Educación para no limitar el acceso a esta, y, por otro, debe ponerse fin a lo que definió como ‘puerta giratoria’, para que un profesor sobre el cual existe presunción de un acto doloso o un tipo de delito, no pueda permanecer en el sistema educacional hasta tanto no termine el proceso de investigación.

No obstante, llamó la atención que no es posible hacer generalizaciones respecto al comportamiento de los cerca de 200.000 docentes del país, y dijo que los casos reportados revelan negligencias por parte de las autoridades dentro del sistema educacional y en el apoyo a las víctimas.

Además dijo que entre las medidas adoptadas se establece la obligatoriedad para la realización de pruebas psicométricas a los participantes en el concurso ‘Quiero ser Maestro’ y un plazo para que todo el personal de magisterio pueda aplicar a estas.

En tanto, Jalkh indicó que existe un compromiso de trabajar conjuntamente y de apoyar las políticas de prevención que se generen desde el poder ejecutivo. “Cada función del Estado tendrá que hacer su trabajo en el ámbito de su competencia, afianzarse a una política de Estado, tanto de prevención como de sanción cuando se presentan estos delitos realmente execrables”, apuntó.

Mencionó, entre otras acciones a nivel de la función judicial, la disposición de un trabajo coordinado para que sean aplicados los protocolos establecidos a fin de dar atención prioritaria en la atención de denuncias de delitos de violencia sexual contra los menores de edad y el seguimiento psicológico de las víctimas.

“Asimismo con la Asamblea Nacional se trabajará en conjunto para determinar si hacen faltas reformas legales a nivel procesal que permitan procedimientos aún más expeditos en el tratamiento de estos temas”, acotó.

Por su parte, la asambleísta Silvia Salgado, de la Comisión Aampetra, conformada para analizar un caso de abuso sexual en Quito, ocurrido en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, conocida por sus iniciales, afirmó que la integración de la mesa de trabajo interinstitucional equivale “a conformar un pequeño Consejo de Estado frente a un problema de la magnitud que está viviendo al país y de la sensibilidad que debe tener como en este caso ha sido manifiesto por el Presidente de la República».

Informó que en este día se reabrió el ‘Caso Aampetra’ y señaló que se ha presentado una nueva denuncia en la Fiscalía de una víctima en ese caso, en el que sumaban 41 denuncias; además dijo que se ha solicitado la intervención para contar con un informe de auditoría.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh (izq), y el ministro de Educación, Fánder Falconí, se refirieron a la importancia de una estrategia interinstitucional para la prevención de los casos de abusos sexuales, atención prioritaria y restitución de derechos a las víctimas por parte del Estado. Foto: Micaela Ayala/Andes

La asambleísta Silvia Salgado, de la Comisión Aampetra de la Asamblea Nacional, señaló que existe un compromiso para construir un sistema de prevención, seguimiento y de reparación de víctimas. Foto: Micaela Ayala/Andes

Fuente: andes.info.ec